La procuradora 'popular' María Ángeles García Herrero ha defendido la iniciativa impulsada por PP y Ciudadanos y ha señalado que con ella se da un "paso más" en el alcance y calidad del servicio de teleasistencia.

No obstante, ha manifestado su "tristeza" de que la modificación propuesta no haya contado con el consenso de la Cámara cuando, a su juicio, supone un "gran avance" y "mejora con creces" la propuesta del Gobierno central que sólo ofrece gratuidad en el servicio "a los dependientes". "El PP propone más prestaciones y gratis para todos" ha aseverado.

Por su parte, la procuradora de Ciudadanos María Teresa Gago López ha insistido en que con este avance se contribuye al "blindaje" del sistema de atención social y con ello se verán beneficiados unos 26.000 usuarios del servicio de teleasistencia, de los que 14.000 son dependientes.

No obstante, la socialista María Isabel Gonzalo ha insistido en que eliminar el copago es una buena noticia, tras lo que ha explicado que esta decisión viene "el Gobierno de España" incluido en el Plan de Choque para mejorar prestaciones y recuperar derechos.

"Pretenden evitar el control y la participación", ha criticado la socialista, quien ha lamentado que no se tenga en cuenta a las entidades locales que tienen "experiencia y conocimiento". "Tenemos muchas dudas", ha aseverado.

"Tienen prisa, quieren ponerse medallas que no les corresponde", ha concluido, al tiempo que ha advertido de que se está modificando una Ley "sin informes del Consejo Consultivo y del CES". "Nos oponemos a la forma", ha manifestado.

Por su parte, la procuradora de Podemos Laura Domínguez, pese a votar a favor, ha lamentado que el debate de esta modificación se haya producido a puerta cerrada "sin dar voz a los grupos", por lo que ha defendido "un debate más sosegado".

"Podemos defiende sin fisuras la gratuidad del servicio", ha señalado Domínguez, quien ha criticado sin embargo la centralización a través del contrato único y la no consulta a las entidades locales.

LA PROPOSICIÓN DE LEY

La modificación de la Ley de Servicios Sociales tiene como objetivo cambiar la teleasistencia por un modelo avanzado, con un contrato único que costeará íntegramente la Junta, sin copago, que ofrecerá ventajas como mejorar el servicio, que será homogéneo en toda la Comunidad, proactivo y cuente con una plataforma tecnológica o permita integrar la información de usuarios en el historia social único de cada persona.

Con esta reforma se pretende que a partir de ahora la Junta sea la competente en la regulación, planificación y dirección del servicio, se haga cargo de su financiación íntegra (unos 4 millones al año) y, en su caso, de la suscripción del contrato único para toda la Comunidad, mientras que los ayuntamientos mantendrán la tramitación y resolución del procedimiento que reconoce el derecho del usuario y, por lo tanto, la prestación material del servicio.

La modificación (que comprende a los artículos 1, 47 y 48 y 110 de la Ley de Servicios Sociales) persigue como objetivo un servicio único en toda la Comunidad que permita el siguiente paso, que es progresar en la teleasistencia avanzada que permita proporcionar "más y mejores servicios".

Asimismo, busca modificar el régimen de financiación de este servicio, que actualmente tiene un coste aproximado de 4 millones de euros, de los que la Junta abona 1,3, los ayuntamientos 650.000 euros y los usuarios en torno 1,7 millones, de forma que cuando se apruebe la reforma los ayuntamientos se ahorren este coste y, "lo más importante" los ciudadanos dejen de copagar el mismo.