Así lo ha asegurado el director general de Consumo, Félix Alonso, a raíz de la votación esta semana, en el Parlamento Europeo, de la nueva norma para consumidores, lanzada en abril de 2018 por la Comisión Europea, para garantizar "mayor protección al consumidor" en Europa.

El proyecto de ley, que forma parte del nuevo acuerdo para los consumidores, responde a varios escándalos recientes, como 'Dieselgate' y Ryanair, relacionados con "violaciones de los derechos de los consumidores por parte de empresas multinacionales".

En algunos Estados miembros, los consumidores ya pueden iniciar acciones colectivas ante los tribunales, pero a partir de ahora será posible en todos los países de la Unión. Ante esto, Alonso ha remarcado que la UE "facilita las reclamaciones de los consumidores" en asuntos en los que la empresa reclamada tiene su sede en otro estado miembro, como es el caso 'Dieselgate' y otros.

Además, Alonso ha subrayado que "no hay que olvidar que el ejercicio" de los derechos de los consumidores y usuarios "es tan importante" como los propios derechos, pues los mecanismos procesales "complicados y costosos dificultan notablemente" su ejercicio ante los Tribunales.

Precisamente, con este modelo de acción colectiva, la UE establece que sólo las entidades habilitadas, como las organizaciones de consumidores, "y no los bufetes de abogados", podrán representar a grupos de consumidores y presentar demandas ante la Justicia.

La norma aprobada en el Parlamento también contempla que se podrán establecer acciones colectivas contra comerciantes que presuntamente hayan infringido la legislación de la Unión sobre la protección de datos, los viajes y el turismo, los servicios financieros, la energía y las telecomunicaciones, entre otros ámbitos.

Ante ello, el portavoz de la asociación Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal), Alfonso Rodríguez, ha valorado esta norma, con la que se pueden emprender acciones legales colectivas. "Era una asignatura pendiente", ha dicho.

Rodríguez ha precisado que, actualmente, las demandas colectivas en España no se pueden interponer "si no reúnen una serie de requisitos muy concretos". "Lo único que nos preocupa es saber las organizaciones que estarán facultadas para interponer este tipo de demandas", ha señalado.

De hecho, el portavoz de Consubal ha insistido en que este derecho "no se puede limitar" a organizaciones de diferente índole, ya sean regionales o nacionales porque, en estos momentos, la Ley General de Defensa de los Consumidores del 2007 reconoce como "los únicos interlocutores" a las asociaciones. "No entenderíamos que se pueda establecer ninguna limitación", ha concluido.