El director del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), Miguel Ángel Ballesteros, ha afirmado que el Gobierno "tiene prohibido" supervisar a los medios de comunicación en la orden de lucha contra la desinformación porque su redacción no lo autoriza.
Así lo ha expuesto Ballesteros durante su intervención en un debate organizado por Reporteros sin Fronteras (RSF), la Asociación de Periodistas de Investigación (API), la Plataforma por la Libertad de Información (PDLI) y Maldita.es con el título "Guerra a la desinformación: ¿quién decide lo que es falso?".
En esa conversación, mantenida por videoconferencia y retransmitida por YouTube, se han analizado los objetivos y las consecuencias de la orden del Ministerio de la Presidencia por la que pone en marcha un mecanismo contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.
Ante las críticas manifestadas por partidos de la oposición y medios de comunicación, Ballesteros ha recalcado que, "para la Administración, lo que no está expresamente permitido en el Boletín Oficial está prohibido".
Al respecto ha recordado que en la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "no se habla" de "verificar," "fake news", "contrastar información" o "supervisar a los medios".
Ballesteros también ha explicado que este procedimiento puesto en marcha por el Gobierno obedece "exclusivamente" a la necesidad de "ordenar el tráfico de información" entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo Ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior y la Secretaría de Estado de Transformación Digital.
"Es Europa" la que lo "pide"
Estas son las instituciones que están en condiciones de detectar campañas de desinformación nacidas a partir de "injerencias extranjeras", que son las que se pretende combatir con la citada orden, a raíz de una petición de la Unión Europea, ha añadido.
El director del DSN ha indicado que la UE, "preocupada" por las intervenciones externas en conflictos internacionales y procesos electorales, emprendió un plan contra la desinformación en diciembre de 2018 en el que pide a los Estados miembros que incrementen sus capacidades en esta actuación.
Ballesteros ha indicado que el Comité Permanente de Lucha contra la Desinformación de España tiene un carácter "técnico" y se ha creado a "imitación" del "sistema de alerta rápida" elaborado para el conjunto de la UE en el marco del mencionado plan de acción.
Por tanto, según ha subrayado, "es Europa" la que "pide" y prácticamente "empuja" a crear este procedimiento y que sea la Secretaría de Estado de Comunicación el interlocutor en España.
El procedimiento también prevé la adopción de medidas para contrarrestar la desinformación, como "salir al paso" para desmentir públicamente las falsedades o el tratamiento de una amenaza más grave, por parte del Consejo de Seguridad Nacional, en el nivel 4 de la orden ministerial.
En este sentido, Ballesteros ha informado de que desde marzo de 2019, cuando se puso en marcha este procedimiento, se han detectado campañas de desinformación, pero el Gobierno ha preferido no actuar para que "la bola de nieve" no se hiciera mayor.
Madina, muy crítico
Antes de las explicaciones ofrecidas por el director del DSN, el que fue secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados entre 2009 y 2014, Eduardo Madina, ha recalcado que "no puede ser que el Gobierno decida qué es verdad y qué es mentira".
Madina también ha hecho hincapié en la necesidad de que "las agencias de verificación" tengan "más recorrido" para ayudar a comprender la calidad de la información.
En el debate han participado periodistas, juristas y profesores universitarios que han manifestado la necesidad de que el Gobierno actúe con transparencia en esta materia.
Además, han solicitado que se lleve a cabo un importante esfuerzo de educación y alfabetización digital que permita a la ciudadanía desarrollar un pensamiento crítico con el que se pueda hacer frente a la desinformación.
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