DomusVi defiende el modelo público-privado de residencias y aboga por "evaluar costes" al hablar de medicalización

La consejera delegada de DomusVi, Josefina Fernández, ha defendido mantener la colaboración público-privada en el sistema de residencias, porque sitúa su coste "en niveles razonables" y cambiarlo podría hacerlas "inalcanzables". Por eso, ha apostado por "evaluar con precisión los costes" cuando se propone de un eventual cambio, pues su medicalización supondría "duplicar el gasto en salud" o "aumentar de forma muy significativa" el precio de cada plaza.
La consejera delegada de DomusVi en España, Josefina Fernández, en su comparecencia de la comisión para la reactivación social y económica del Parlamento de Galicia.
La consejera delegada de DomusVi en España, Josefina Fernández, en su comparecencia de la comisión para la reactivación social y económica del Parlamento de Galicia.
EUROPA PRESS
La consejera delegada de DomusVi en España, Josefina Fernández, en su comparecencia de la comisión para la reactivación social y económica del Parlamento de Galicia.

Así se ha pronunciado este viernes la responsable en España de la principal empresa gestora de geriátricos, durante su comparecencia en una tensa sesión de la comisión del Parlamento gallego para la reactivación social y económica tras la pandemia del coronavirus.

En su discurso, la responsable de DomusVi ha aseverado que los cambios planteados podrían o bien "convertir estos servicios en inalcanzables para las personas y las familias más desfavorecidas", o bien apostar por el sector público y "asumir sus costes y financiación mediante impuestos de un trabajador medio".

"Cuando se deja andar a la imaginación, en vez de avanzar sobre estudios serios de servicios y en vez de programar residencias reales, se programan paraísos terrenales. Se recurre fácilmente a la idea de estatalizar el servicio (...) y se deja hablar de coste para solo hablar de derechos", ha añadido.

Fernández, quien ha empezado su intervención expresando sus "respetos y condolencias" hacia las personas que perdiesen a algún ser querido durante la pandemia de la COVID-19, ha puesto el foco en "reconocer la excelente labor y valentía" de los trabajadores sanitarios y de los centros geriátricos.

Aunque sí ha admitido que los centros DomusVi en Galicia tuvieron "una transmisión alta" del virus, con 425 contagios y 127 fallecidos durante la primera ola, lo ha achacado a que las residencias "son sitios donde conviven personas de alto riesgo". No en vano, también ha reivindicado que gracias al "esfuerzo y compromiso de los trabajadores", se pudo "proteger al 90 por ciento" de los mayores.

LOS PROBLEMAS "NO ERAN ESTRUCTURALES"

No obstante, Fernández ha puesto el foco en que "los problemas sufridos no eran estructurales ni se debían a la adecuación del modelo", sino a "una pandemia que jamás se había vivido y a la forma específica de cómo se gestionó en España".

Así, ha incidido en que los geriátricos no están concebidos "para hacer frente a procesos infecciosos" ni son "hospitales para personas mayores, ni centros de paliativos, ni para enfermos terminales". "En ningún caso sustituyen ni deben sustituir las funciones del sistema público de salud, al que los mayores tienen el mismo derecho de acudir como cualquier ciudadano", ha continuado.

Por esto mismo, la consejera delegada de DomusVi ha denunciado que las residencias fueron "víctimas de un traslado intencionado e injusto de las responsabilidades sobre la gestión de la pandemia", frente al hecho de que "nadie en absoluto se adelantara a la alarma sanitaria" que llegaba desde China.

Según sus palabras, se les trató "como si nosotros fabricásemos el COVID por la noche y se lo pasásemos a los mayores por la mañana". "No señores, el COVID no es cosa nuestra", ha apostillado.

CRÍTICAS AL "MANDO ÚNICO"

En esta coyuntura, Fernández también ha lamentado que desde el "mando único" del Gobierno central "no se establecieron protocolos inmediatos" a seguir por el personal de estos centros.

Además, ha cargado contra la gestión de algunos sistemas de salud autonómicos: "No faltaron instrucciones en algunas comunidades, no en Galicia, o de centros hospitalarios que utilizaron la edad y la procedencia o no de residencias como criterio de selección de cuáles personas podían ser atendidas y cuáles no".

Así las cosas, la responsable de DomusVi ha enmarcado su comparecencia en la "urgencia" de pedir a la población que "vuelva a confiar en las residencias" y en sugerir "que se implante una coordinación sociosanitaria real"

PSDEG Y BNG

Tras su intervención inicial, se ha vivido el momento más tenso de la sesión cuando el diputado del PSdeG Pablo Arangüena le ha censurado porque "aún no tuvo a bien reunirse con las familias de las víctimas" del coronavirus en sus residencias, teniendo en cuenta que algunas han dirigido contra ella -y contra altos cargos de la Xunta- querellas por homicidio.

También le ha acusado de tributar en "paraísos fiscales" y le ha preguntado si su negocio "mejoró" a raíz de su "relación personal" con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. "Ya ha dejado patente su crítica y su desagrado intenso respecto del Gobierno central y su admiración al Gobierno gallego, cosa lógica porque bajo el paraguas de la Xunta levantó usted un imperio", ha espetado.

Arangüena también le ha interpelado sobre la supuesta presencia de la mujer del presidente del Parlamento autonómico, Miguel Santalices, en el comité de ética de la compañía, a lo que Fernández no ha respondido.

Tras la intervención del socialista, el presidente de la comisión, el popular Diego Calvo, ha pedido "disculpas" a la compareciente y ha recordado a Arangüena que se trata de una comisión "de estudio, no de investigación" y que "si tiene alguna cosa que quiera denunciar o demostrar, tiene otras vías".

En un tono más sosegado, la diputada del BNG Olalla Rodil se ha interesado por saber cuánto recibe DomusVi desde la Xunta, ya que la empresa cuenta con 4.000 plazas en Galicia, "la mayor parte de ellas son concertadas". "Usted es crítica con el modelo público, pero no le hace ascos a una cantidad ingente de dinero público", ha ironizado la nacionalista.

Asimismo, Rodil ha denunciado que el actual modelo de atención a los mayores y a los dependientes "hace de la vejez un negocio" en el que sus empleados trabajan "en unas situaciones muy precarias".

Frente a estas críticas, Josefina Fernández ha asegurado que la sede social y fiscal de DomusVi "está en Vigo" y "no en ningún paraíso", por lo que ha invitado al diputado socialista a acudir al Registro Mercantil de Pontevedra "para saber dónde paga los impuestos".

GANAR DINERO "CUIDANDO A LOS QUE LO NECESITAN"

También ha admitido que a su empresa "no le avergüenza" ganar dinero "cuidando a los que más lo necesitan", puesto que es "algo maravilloso", a lo que ha añadido el "orgullo" que le causa haber traído a Galicia "capital extranjero" hasta ser "la primera empresa de geriatría". "Pero siempre con una cosa encima de la mesa: la atención de calidad a los mayores".

Por parte del PP, Alberto Pazos ha defendido que el sistema residencial de Galicia presentase "en su conjunto un mejor comportamiento que el de otros lugares de España", puesto que en la Comunidad gallega el 43 por ciento de los fallecidos relacionados con la pandemia proceden de estos centros, frente al 49 por ciento estatal.

En este sentido, el popular ha vinculado este dato a la "anticipación" de la Xunta, que llegó a intervenir para "evitar pérdidas humanas" cuando se daba en alguno de estos centros "un riesgo grave de merma en la calidad asistencial".

TENSIÓN FINAL

Al finalizar la sesión, BNG y PSdeG han pedido la palabra para censurar que el presidente de la comisión pidiese disculpas a la responsable de DomusVi. De hecho, el socialista Pablo Arangüena ha rechazado disculparse por su intervención y ha lamentado que la compareciente tratase de "aparentar Teresa de Calcuta vestida de multimillonaria".

Estas declaraciones han generado que el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, que no había tomado la palabra en ningún momento, acusase a los grupos de "extralimitarse" en sus intervenciones. Finalmente, el presidente, Diego Calvo, ha zanjado el debate manteniendo las disculpas "en nombre de la Presidencia y de los miembros de la comisión".

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