Las iniciativas registradas, que se despliegan en una Proposición No de Ley (PNL) a nivel autonómico y una moción en el plano municipal, recogen medidas como la limitación de concesiones de nuevas autorizaciones de juego para casas de apuestas presenciales en función de la tasa de población.

También demanda el establecimiento de una distancia mínima entre casas de apuestas y ciertas zonas consideradas "de riesgo", como centros educativos, centros de rehabilitación y hospitales, junto al refuerzo de las inspecciones en estos establecimientos para controlar la entrada de menores.

En Baleares, el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Parlament ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) mientras que en los ayuntamientos de Palma, Alcúdia, Calvià, Bunyola, Felanitx, Llucmajor, Sóller, Son Servera, Eivissa, Andratx y Manacor se ha presentado como moción.

Así, la formación reclama que, ante las restricciones sanitarias llevadas a cabo por motivo de la COVID-19, se establezcan horarios de cierre y de admisión de nuevos clientes de las casas de apuestas, casinos de juego y salas de bingo, "más reducidos" que los del sector de la hostelería.

Con esta iniciativa, se insta al Govern a que mantenga la distancia mínima de 500 metros lineales entre las casas de apuestas presenciales y los centros educativos de enseñanza obligatoria, formación profesional, universitaria, centros de rehabilitación y hospitales y cualquier otro centro de uso frecuente de menores como ludotecas o parques infantiles.

Además, se pide que se promueva la apertura de centros sociales gestionados directamente por la juventud donde puedan desarrollar un ocio digno, que potencie el conocimiento, el deporte y las artes y que el Govern límite la concesión de nuevas autorizaciones de juego para salones de juego o casas de apuestas presenciales para decrecer en el número de estas. Concediendo una licencia nueva a cambio de tres bajas definitivas.

Asimismo, Unidas Podemos pide estudiar la posibilidad de prohibir o restringir las terminales de apuestas deportivas en salones de juego, bingos, casinos y bares así como implementar regularmente planes de inspección en las casas de apuestas presenciales para aumentar los controles y prevenir el acceso a las personas menores de edad.

En el marco de la prevención, se pide a las instituciones públicas que impulsen "centros sociales autogestionados por la juventud" para garantizar el derecho al ocio "digno y accesible" a todos los jóvenes, así como la planificación de actividades informativas en centros estudiantiles para informar del riesgo que suponen el juego y las apuestas.

En Unidas Podemos explican que, si bien el Ministerio de Consumo que lidera Alberto Garzón ya ha llevado a cabo medidas "importantes en la regulación de la publicidad de las casas de apuestas", es "necesario" que las comunidades autónomas y los ayuntamientos se "impliquen y actualicen las normativas en el marco de sus competencias a los tiempos actuales".

Esta acción conjunta en los territorios ha sido impulsada desde las organizaciones juveniles Rebeldía y Jóvenes IU con el objetivo de frenar la proliferación de las casas de apuestas en los barrios y sus consecuencias para la salud y la economía de los vecinos, algo que reclaman desde hace tiempo movimientos sociales y vecinales.

IMPACTO EN LOS JÓVENES

En este sentido, el coportavoz de Infancia y Ocio de Jóvenes IU,Dani Yoldi, ha asegurado que las casas de apuestas "son una lacra para la juventud y para la clase trabajadora" y que el 25 por ciento de los jugadores tiene "algún problema de ludopatía".

Por su parte, la portavoz de la organización Rebeldía, Diana Peinado, ha subrayado que "ahora es el turno de las CCAA" para implementar "una batería de medidas" que lleguen a los ámbitos donde el Ministerio no tiene competencias.

Alberto Garzón explicó recientemente que, en 2019, el 40 por ciento de los nuevos jugadores de apuestas tenía menos de 26 años, un dato que consideró alarmante.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de noviembre el decreto de Comunicaciones Comerciales de las actividades del juego, que regula la publicidad del juego y las apuestas 'online'. Su imcumplimiento contempla multas de hasta un millón de euros y la suspensión de la actividad empresarial.