La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha reclamado al Govern y a los ayuntamientos de grandes ciudades como Barcelona que impongan sanciones a todos los grandes tenedores que no hagan una oferta de alquiler social a personas vulnerables afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler. 

En una concentración en la plaza Sant Jaume de la capital catalana, los activistas han recordado que la ley 24/2015 contempla sanciones de hasta 90.000 euros a los grandes tenedores que no sigan la norma y han pedido a las administraciones "que se pongan las pilas". 

"Las sanciones son la vía más rápida para detener los desahucios; por cada desahucio, una multa, es así de fácil", ha asegurado Josep Babot, portavoz de la PAH en Barcelona.

Babot ha señalado que no les consta que durante el 2019 y el 2020 haya habido ninguna sanción y creen que es una práctica "inaceptable". "Más allá de aprobar decretos queremos que los ayuntamientos y la Generalitat utilicen todas las herramientas para sancionarlos", exigió. 

Para la PAH, las multas son la vía "más efectiva" para detener los desahucios y confían en que una vez se empiecen a aplicar los grandes tenedores dejarán de sentirse "impunes". De hecho, Babot ha asegurado que han detectado que muchos de estos grandes propietarios se sienten "por encima de la ley".

Además, los activistas denuncian que el proceso sancionador es muy lento, hasta el punto de que a veces la sanción puede llegar después del desahucio. Creen que es necesario agilizarlo y piden a las administraciones que sean "más veloces y efectivas".

El portavoz ha detallado que les consta que en este mismo período se han realizado 1.169 ofertas de alquiler social por parte de grandes tenedores, según los datos de la Agencia de la Vivienda de Cataluña. Estas cifras no incluyen, sin embargo, los datos de Barcelona.

Experiencia de los inquilinos

En la concentración, que ha agrupado una treintena de personas y que se ha replicado ante los ayuntamientos de todo el territorio, han participado varias personas en situación vulnerable que o bien están reclamando ahora un alquiler social o bien ya lo han conseguido. Es el caso de Lucía, que ha apuntado que en plena pandemia le caducaba el contrato que tenía pero ha conseguido prorrogarlo durante siete años más si continúa acreditando su vulnerabilidad.

También Fernando, activista de la PAH, ha conseguido un realquiler social tras presentar un requerimiento dos meses antes de que le caducara el contrato de un piso de propiedad de CaixaBank.

Irma, por su parte, ha explicado que tuvo que pasar un periplo judicial para poder mantener su alquiler social desde 2012, cuando el gran tenedor de su vivienda negaba estar recibiendo el dinero que ella pagaba cada mes. Años más tarde, y después de haber ganado el juicio, ahora le han renovado su alquiler social por siete años más si sus condiciones materiales se mantienen.

Demandas del movimiento de la vivienda

Durante la concentración, los activistas han leído un comunicado con demandas dirigidas a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al que han exigido sanciones a todos los grandes tenedores que no hagan la oferta de alquiler social correspondiente, que se garantice un realojamiento "digno "a todo el que sufra un desahucio y que se comience el procedimiento para ceder pisos vacíos de grandes tenedores a alquiler social.

Además, piden que se identifique todas las necesidades de vivienda, que se reduzcan los esperas a la mesa de emergencia y se ofrezca una alternativa antes del desahucio, que se sancionen a los cortes de suministros básicos y que se facilite el empadronamiento en el municipio a todo el que vive, sea cual sea su situación.

Los activistas también piden contadores "solidarios" de los suministros para familias vulnerables y que las oficinas locales de vivienda sean un espacio de referencia donde encontrar asesoramiento y apoyo en la tramitación de gestiones relacionadas con la vivienda.