Los jueces de Cádiz harán un paro, una jornada de puertas abiertas y huelga

  • Harán concentraciones el 18 de febrero y huelga el 26 de junio.
  • Los magistrados piden respeto y la modernización de la Justicia.
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Los jueces Gabriela Bravo y Julio Pérez Hernández, tras la reunión mantenida el pasado enero para convocar la huelga. (EFE)
Los jueces Gabriela Bravo y Julio Pérez Hernández, tras la reunión mantenida el pasado enero para convocar la huelga. (EFE)
EFE
Los jueces Gabriela Bravo y Julio Pérez Hernández, tras la reunión mantenida el pasado enero para convocar la huelga. (EFE)

La junta de jueces y magistrados de órganos unipersonales de Cádiz ha acordado  por mayoría realizar un paro de una hora, concentraciones y una jornada de puertas abiertas el próximo 18 de febrero, además de una huelga el 26 de junio, como protesta ante la situación de "precariedad" de la Justicia.

La juez decana de Cádiz, Nuria Orellana, ha explicado que 47 de los 50 asistentes a la junta han apoyado las medidas, respaldando así el llamamiento de las cuatro asociaciones profesionales de jueces a realizar actos de protesta en todas las sedes judiciales de España el próximo 18 de febrero.

Así, ese día realizarán un paro de una hora y concentraciones a las doce del mediodía ante las sedes judiciales más representativas de la provincia gaditana, donde darán lectura a un manifiesto reivindicativo.

Para la opinión pública

Además, será una jornada de puertas abiertas para que la ciudadanía "conozca de primera mano cuál es la situación de la Justicia" y para demostrar a la opinión pública el sentimiento generalizado de la carrera judicial.

Entre las reivindicaciones de los jueces figuran el dignificar la función judicial y prestar un mejor servicio a los ciudadanos, para lo cual "exigen el respeto al principio de división de poderes y a la independencia del Poder Judicial como fundamento del Estado Democrático de Derecho".

Igualmente, piden que las reformas procesales para implantar la Oficina Judicial mantengan la competencia de los jueces para fijar los señalamientos, competencia para la que el proyecto del Ejecutivo faculta a los secretarios judiciales, y medidas para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar.

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