En total, según informa la Administración central este miércoles, serán dragados más de 583.000 metros cúbicos en la zona interior de la ría, con lo que se busca mejorar el estado de las auguas y recuperar los bancos marisqueros de esta ría coruñesa. Aproximadamente la mitad del material dragado (unos 223.000 metros cúbicos) serán retirados y trasladados "bajo estricto control ambiental" al punto de vertido donde se depositan habitualmente los dragados de los puertos autonómicos.

El resto se repartirá entre el aprovechamiento para la generación de espacios verdes y paseos que bordean la ría (casi 175.000 metros cúbicos) y para la restitución de las condiciones de los bancos marisqueros y del fondo de la laguna de Culleredo (185.690 metros cúbicos). De estos últimos, el material extraído de la zona más exterior será depositado en la playa de Santa Cristina.

Otro de los aspectos que destaca el ministerio encargado de la actuación es que "se preservarán" los hábitats de las aves inverantes y las praderasd e fanerógamas (más de 225.000 metros cuadrados) que hay en la zona de las marismas de la ría en el margen de Culleredo, donde no se llevarán a cabo tareas.

VIGILANCIA AMBIENTAL

El proyecto, que contará con un seguimiento de las obras durante un período de 10 años, también establece que se efectuará la recogida de especies marisqueras afectadas por las obras, que serán restutuidas una vez concluyan los trabajos. Asimismo, la planta acuática 'fanerógama marina' será transplantada y se procederá a eliminar especies invasoras como el carrizo de la pampa.

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) incide en la existencia de un plan de vigilancia ambiental con "un riguroso análisis y control" de las aguas y sedimentos de las zonas donde se procederán al dragado y los vertidos para llevar a cabo un seguimiento de las distintas especies y actividades de la zona, desde la pesca a los usos recreativos o patrimonio cultural.

Así las cosas, la contratación de esta actuación sale adelante después de años de reclamaciones políticas y vecinales, una vez dispuestos los terrenos para iniciar los trabajos, para la que la Administración central destinó, a petición de la Xunta, los fondos que inicialmente habían sido dedicados a la construcción de una nueva depuradora en Santiago, obra todavía pendiente de concretar.