PP y Cs impulsan la teleasistencia avanzada con un contrato único, costeada por la Junta sin copago y mejores servicios

Los grupos parlamentarios de PP y Cs modificarán la Ley de Servicios Sociales para cambiar la teleasistencia por un modelo avanzado, con un contrato único que costeará íntegramente la Junta, sin copago, que ofrecerá ventajas como mejorar el servicio, que sean homogéneo en toda la Comunidad, proactivo y cuente con una plataforma tecnológica o permita integrar la información de usuarios en el historia social único de cada persona.
El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, (i) junto al de Cs, David Castaño, en la presentación de la proposición de ley de modificación de la Ley de Servicios Sociales.
El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, (i) junto al de Cs, David Castaño, en la presentación de la proposición de ley de modificación de la Ley de Servicios Sociales.
CS

Así lo han señalado los portavoces parlamentarios de PP y Cs, Raúl de la Hoz y David Castaño, respectivamente, quienes han presentado la proposición de ley de modificación de la Ley de Servicios Sociales que han registrado en las Cortes de Castilla y León, que prevé tramitarse por lectura única y estar aprobada antes de final de año para que pueda iniciarse la tramitación del contrato único a principios de 2021 y ponerse en marcha lo antes posible ese año.

De la Hoz ha señalado que esta proposición conjunta supone un avance en el pacto de gobierno y se sustancia en un texto sencillo que sólo plantea la modificación del régimen competencial de la asistencia, que ahora prestan ayuntamientos y Junta, que financian el 35 y el 65 por ciento, respectivamente, pero que incluye el copago del usuario.

Con esta reforma se pretende que a partir de ahora la Junta sea la competente en la regulación, planificación y dirección del servicio, se haga cargo de su financiación íntegra (unos 4 millones al año) y, en su caso, de la suscripción del contrato único para toda la Comunidad, mientras que los ayuntamientos mantendrán la tramitación y resolución del procedimiento que reconoce el derecho del usuario y, por lo tanto, la prestación material del servicio, según el portavoz 'popular'.

La modificación (que comprende a los artículos 1, 47 y 48 y 110 de la Ley de Servicios Sociales) persigue como objetivo un servicio único en toda la Comunidad que permita el siguiente paso, que es progresar en la teleasistencia avanzada que permita proporcionar "más y mejores servicios".

SIN COPAGO

Asimismo, busca modificar el régimen de financiación de este servicio, que actualmente tiene un coste aproximado de 4 millones de euros, de los que la Junta abona 1,3, los ayuntamientos 650.000 euros y los usuarios en torno 1,7 millones, de forma que cuando se apruebe la reforma los ayuntamientos se ahorren este coste y, "lo más importante" los ciudadanos dejen de copagar el mismo.

Raúl de la Hoz ha señalado como principales ventajas la reorganización de infraestructuras, con la integración de recursos como centros de atención y sistemas de información, ya que ahora existen 23 contratos entre diputaciones y grandes ayuntamientos. Así, ha apuntado que si hay un único contrato, con economías de escala, se prestará un mejor servicio y permitirá posiblemente poner en marcha una plataforma tecnológica de teleasistencia, además de homogeneizar en toda la Comunidad el servicio.

Con estos cambios también se podrá integrar la información del servicio en el la historia social única de cada persona ha agregado De la Hoz, quien ha afirmado que Castilla y León será "una vez más" pionera en la prestación de un servicio social básico que, "más aún hoy", se ha demostrado necesario por el aislamiento que devenga el confinamiento.

Por su parte, David Castaño ha señalado la importancia de eliminar el copago, aunque haya gente que no paga mucho (en algunos casos de personas más vulnerables y dependientes dos euros), pero también lo que supondrá la modernidad y la unificación del servicio.

A este respecto, ha destacado las ventajas a la hora de dar un servicio más proactivo con llamadas por parte de la prestataria del servicio y no sólo limitarlo a llamadas de emergencia por parte del usuario, algo que varía actualmente en función del lugar donde se preste.

Castaño ha concretado que de esta forma podrán adelantarse a los problemas que puedan tener estas personas, ya que el sistema permitirá tener acceso a información de detectores de incendios, de gas e incluso sobre deambulación del usuario, de manera que se puede saber si no se está bien y adelantarse a lo que pueda pasar.

ANTICIPACIÓN

Por otro lado, ha destacado la conexión con Sanidad, con una base de datos compartida que puede mejorar la petición de citas y facilitar las cosas al cuidador e incluso adelantarse a las necesidades del usuario en un momento en el que cada vez hay más dependientes.

Raúl de la Hoz ha agregado que la teleasistencia avanzada permitirá actuar ante situaciones de soledad y dependencia importantes y ha incidido en que hay unas 600.000 personas mayores de 75 años en Castilla y León, un 25 por ciento de su población, y su situación a veces se ve agravada por la dispersión de la Comunidad.

Así, ha reiterado la ventaja que supone permitir anticiparse a los problemas que puedan surgir a personas en soledad mediante todos los datos que puede facilitar la teleasistencia avanzada, cuyas posibilidades "prácticamente son infinitas" y muy difíciles de alcanzar con contratos pequeños.

El portavoz del Grupo Popular ha afirmado también que todo ello se enmarca en un concepto global de asistencia en el que entienden que se apuesta por la autonomía del individuo y facilitar que nada intervenga en su toma de decisiones, de manera que pueda apoyarse su decisión de permanecer en su domicilio y no acudir a una residencia, aunque ha asegurado que se cuenta con un "extraordinario" sistema público.

En cuanto a los apoyos parlamentarios que puedan encontrar, Raúl de la Hoz ha señalado que ha mantenido contactos con el PSOE, al que expondrán a lo largo del día el contenido de la proposición, y cree que no debería haber "razón para la oposición", salvo "que se vuelvan locos, que no sería de extrañar".

Por su parte, Castaño considera que esta modificación se enmarca en el camino de reforma de todo el sistema de atención a las personas que se ha emprendido "entre todos" y ha incidido en que tanto en esto como para un nuevo modelo residencial se necesite que todos aporten y espera que nadie se "baje del barco".

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