Y "pese a los intentos de paralizar uno de los instrumentos con más capacidad de llevar adelante la ampliación del parque público, intensificaremos el ritmo de compra de viviendas mediante los derechos de tanteo y retracto, especialmente en las zonas donde esté acreditada la necesidad de vivienda", ha garantizado.

El conseller se ha pronunciado en estos términos en la Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes de Les Corts Valencianes, donde ha comparecido a petición propia y a petición del Partido Popular, para explicar el Plan Hábitat 20-30.

Antes de finalizar la legislatura, Martínez Dalmau augura "cifras sorprendentes" en la compra de viviendas mediante tanteo y retracto para ampliar el parque público de la Comunitat Valenciana, que según ha recordado, ha ido perdiendo propiedades y ha pasado de tener casi 45.000 viviendas a "apenas superar las 14.000", cifra que espera duplicar en diez años.

Diversos Ayuntamientos ya están pidiendo a Conselleria que "delegue" en ellos la competencia de tanteo y retracto, como los de València, San Juan, Castellón o Alcoy, entre otros, ha avanzado. De hecho, el Plan Hábitat 20-30 "propone un nuevo modelo de gobernanza basado en la municipalización de la gestión directa de la política de vivienda", ha dicho, bajo la coordinación de Conselleria, un punto que la oposición ha criticado por considerar que es "tirar la pelota en el tejado de los Ayuntamientos".

Para Martínez Dalmau se trata de "medidas valientes" en línea no otros países europeos que tienen más resuelta la situación habitacional. En la Comunitat por el contrario, el Observatorio de la Vivienda señala que "se necesitarían 32.000 casas para empezar a hablar de derecho a la vivienda", ha apuntado.

En esta línea, el conseller ha precisado que el texto articulado que regulará las acciones de fomento y de sanción a los grandes tenedores en caso de acumular viviendas vacías durante largos periodos de tiempo estará listo para el primer semestre de 2021.

La medida incluye la elaboración de un censo de viviendas deshabitadas para fomentar su salida al mercado y destensionar el mercado del alquiler por la parte de la oferta, ha recordado.

Además, dado que la Administración no cuenta con la capacidad suficiente para llevar a cabo promociones de vivienda pública, el vicepresidente segundo ha apuntado "caminos alternativos" y, una vez presentado el Catálogo de Suelo Público para vivienda protegida, se los presupuestos de 2021 incluirán una partida para sacar el concurso de suelo para promotores privados y tercer sector.

LAS AYUDAS AL ALQUILER SE PODRÁN PEDIR MÁS DE VEZ AL AÑO

El titular de Vivienda ha admitido que "pese a los esfuerzos" del Botànic, "los datos evidencian deficiencias estructurales en el sistema de protección del derecho a la vivienda. Los precios del mercado del alquiler son "inasumibles para la gran mayoría de la población".

La Covid-19 "intensificará más aún los problemas relacionados con el hábitat" y ya a finales de 2019, 88.000 familias valencianas necesitaban algún tipo de apoyo para acceder a una vivienda. "Las moratorias de desahucios aprobadas por el Gobierno central y las ayudas al alquiler que hemos aplicado en la Comunitat Valenciana no serán suficientes para frenar las consecuencias económicas y sociales de un virus que continúa avanzando", ha admitido el conseller.

Desde su departamento lo que harán es "remodelar" el tipo de convocatorias de ayudas al alquiler para dejen de poder pedirse únicamente una vez al año, entendiendo que las situaciones familiares fluctúan con el paso del tiempo. Así, habrá más de una convocatoria al año para acceder a estas ayudas.

EL 10% DE VIVIENDAS NO SON ADECUADAS PARA EL CONFINAMIENTO

La crisis del coronavirus ha corroborado también que muchas de las viviendas de la Comunitat Valenciana "no son adecuadas para afrontar un confinamiento". "Tampoco es admisible que haya personas mayores que no puedan salir de sus casas por no tener ascensor. No se puede consentir que un tercio de las familias pase frío en invierno y que el 16% eche de menos servicios de proximidad.

Conselleria calcula que "casi el 10% de las viviendas principales requieren de una intervención urgente y medidas de integración urbana". En concreto, estima que en la próxima década tendrá que intervenir 150.000 viviendas y sus entornos con criterios de biohabitabilidad.