En ese sentido, estima que el gasto hasta 31 de diciembre será de 2,5 millones de euros, unos fondos que "es necesario trasladar también a las entidades porque es un dinero que ya hemos gastado y no tenemos capacidad de hacer frente a esos recursos".

Ese dinero lo han gastado en limpieza, materiales de protección y para dotar a los trabajadores de los centros y alumnos de los centros de día y residencias medios necesarios para poder realizar su labor.

Martínez ha dicho que es bienvenido el anuncio del aumento de 600 millones del Gobierno central para reforzar el sistema de dependencia, "es una buena noticia y supondrá un alivio importante". No obstante, ha advertido que no hay que olvidarse de aquellas personas que no tienen reconocido el nivel de dependencia, pero que tienen una discapacidad, "es importante que los fondos que lleguen sean para todos", ha dicho.

Durante su comparecencia en la Asamblea Regional ha planteado que deberían existir "líneas de financiación estables" para entidades de discapacidad para que cuando tengan que hacer frente a imprevistos de este tipo puedan darle respuesta.

Entre las propuestas que ha expuesto en la comisión destaca el decreto de Atención Temprana. Ha criticado que se hable del mismo durante años y que no se haya hecho nada al respecto. "La gratuidad y universalidad que otorga el decreto es necesario que se ponga en marcha ya. Llevamos trabajando 5 años en el decreto, tenemos 27 borradores y no se entiende por qué no está ya en marcha", ha dicho.

Por otro lado, ha pedido que se eleve el umbral del copago a 2,5 veces el IPREM en todos los servicios. "Mientras que esto no llega, es importante que se trate el dinero de bolsillo que se quedan las personas en residencia, esos 120 euros, es necesario ampliar esa cantidad", ha señalado.

Ha planteado que el IMAS regule las condiciones de prestación de servicios en el caso de que se deban prestar de forma telemática, como ha ocurrido en el caso de la pandemia. "La consejería hizo una propuesta de rebajar el importe que cobrábamos por usuario y persona al no trasladar nosotros el servicio de comedor", ha añadido.

A su vez ha expuesto la necesidad de que se regule el Observatorio de la Discapacidad y que en la gestión del mismo también participe el CERMI. "Necesitábamos conocer las cifras de la discapacidad, es importante tener este observatorio para ver en qué situación está la discapacidad en la Región", ha señalado.

En materia de empleo ha pedido elevar a un 7% la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.

Ante la comisión especial de Discapacidad también ha comparecido la presidenta de la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famdif), Carmen Gil, que ha pedido a los parlamentarios celeridad a la hora de aprobar los presupuestos y tenerlos aprobados a 31 de diciembre de este año para que las asociaciones puedan cobrar las subvenciones y hacer frente a sus pagos.

Durante su intervención ha pedido que se elimine el copago y también que se regule la figura del asistente personal, ya que, según ha explicado, éste es un "elemento fundamental para que las personas con discapacidad tengan autonomía".

A su juicio, no se puede hablar de inclusión si no se tiene accesibilidad. En ese sentido, ha instado a "poner en marcha ya" el proyecto de decreto sobre la accesibilidad universal de estas personas.

Además de eso también ha pedido un mayor porcentaje de viviendas de protección oficial y tener en cuenta a las mujeres con discapacidad que "sufren una doble discriminación".