La defensa del ya expresidente de la Generalitat Quim Torra ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que pide que suspenda de forma urgente la pena de inhabilitación que confirmó ayer el Tribunal Supremo. 

En su recurso, el abogado de Torra, Gonzalo Boye, argumenta que la suspensión de la condena -que el Constitucional acuerda solo en casos excepcionales y penas leves- es necesaria para evitar el "daño irreparable continuado" que la ejecución de la misma causaría tanto a Torra como a terceras personas.

Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que en Cataluña "el tiempo de la confrontación, del frentismo, de la desobediencia en términos legales, ha pasado" y que es momento de abrir un "nuevo capítulo de la mano de la empatía, el diálogo y la capacidad de comprensión" en la mesa de diálogo entre los dos gobiernos.

Un día después de que el Tribunal Supremo confirmarse la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra, por un delito de desobediencia, Montero ha expresado el "respeto a las actuaciones judiciales" y ha reiterado la opinión del Gobierno de que el escenario actual "aconseja u obliga a que se convoquen a la mayor brevedad las elecciones" para que los ciudadanos elijan a un nuevo Govern con plenitud de funciones.

Montero ha detallado además que el Gobierno está estudiando con la Abogacía General del Estado si legalmente es necesario que la inhabilitación de Torra se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Solicita así que se suspenda la condena de año y medio de inhabilitación que ayer ratificó el Alto Tribunal por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que le obligaba a retirar una pancartas de apoyo a los presos del "procés" de edificios públicos en la campaña electoral del 28A.

Por su parte, Quim Torra ha visitado este martes a los presos independentistas en la cárcel de Lledoners (Barcelona) en el que ha sido su primer acto desde que el Supremo confirmase ayer su inhabilitación. Tras la visita, Torra se ha dirigido a los medios y ha pedido al Gobierno que, si de verdad quiere abordar el conflicto catalán, "se deje de fotografías y de reuniones inútiles y apruebe una ley de amnistía".