A preguntas de los periodistas este jueves en Santiago, el líder socialista afirmó que la respuesta al diputado Julio Torrado, que preguntó específicamente por el número de rastreadores de la comunidad después de que Feijóo los cuantificase en más de 6.000, les dejó a "todos, estupefactos".

"Y en un momento de tanta preocupación, nos dijo que no saben lo que son los rastreadores. No aparecen", ha manifestado Caballero, quien ha considerado que "meter en el mismo saco" a los médicos de atención primaria, enfermeros y otros efectivos "mostró con claridad que no hay política de rastreo definida, que no hay personal y que es una carencia que hoy en día hay en la Xunta".

"ESCANDALOSO"

A las palabras del conselleiro también ha reaccionado este jueves la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, que considera "escandoloso" que la misma administración que hablaba de contar con 6.108 rastreadores de la covid "admita ahora que no existen legalmente, dentro del sistema sanitario".

En el mismo comunicado, esta asociación apunta que para hacer frente a la pandemia "es necesaria la implicación y la colaboración ciudadana" y ha indicado que el Sergas "mantiene cerrados muchos centros de salud a las consultas presenciales" y sigue "retardada la actividad de los servicios hospitalarios, suspendidas miles de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas y sin publicar listas de espera".

Esta asociación apunta, asimismo, que la epidemia vuelve a afectar de manera "importante" a las residencias de mayores, con más de 320 nuevos casos entre las personas residentes y personal. "A pesar de que son "el principal foco de mortalidad, siguen gestionadas por empresas multinacionales y organizaciones eclesiásticas", insiste.

Frente a esta situación, la asociación propone "publicar de manera inmediata" las listas de espera hospitalarias, realizar un informe riguroso de la morbilidad y mortalidad por causas distintas a la covid, reactivar la actividad "plena" de los servicios hospitalarios no afectados por la pandemia, "reintegrar los servicios desmantelados" en los hospitales comarcales, recuperar las citas de pacientes para consulta, pruebas y cirugía, abrir los centros de salud "cerrados", recuperar las consultas presenciales e incrementar el presupuesto sanitario para recuperar el sistema -hasta un 25 por ciento en atención primaria-.

También reclaman incrementar las plantillas, garantizar el acceso a la asistencia sanitaria en las residencias de mayores -e intervenir las que tengan nuevos casos- y coordinar todos los recursos asistenciales, salud pública, dependencia y servicios sociales en las áreas sanitarias.