En concreto, la sentencia del TUE, que puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE, desestima los recursos presentados por los demandantes y avala la decisión adoptada por Bruselas en 2013 que declaró ilegales estas ayudas fiscales y ordenó a España recuperarlas de sus beneficiarios.
A ese respecto, en un comunicado, Asime ha mostrado su "sorpresa" ante la decisión del TUE y ha esperado que se interponga un recurso, ya que, a su juicio, la resolución presenta "incorrecciones de base".
"Se asume que los inversores, a quien se les reclamaría la devolución, fueron los únicos beneficiarios de las ayudas, pero estos inversores no se quedaban con esas cantidades, ya que las transfirieron a otros actores, especialmente a los armadores", ha apuntado la patronal del metal. Por ello, ha considerado que la sentencia "tiene una incoherencia de base".
Así las cosas, Asime ha hecho un llamamiento a la confianza de los inversores y los armadores y ha insistido en que el sistema de arrendamiento fiscal que opera en la actualidad "está absolutamente vigente y fue aprobado por las autoridades europeas".
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