En concreto, se tratan de los acuerdos en relación con la creación de un espacio de trabajo participado para sentar las bases del que será el primer Plan Municipal de Conciliación y Cuidados en el municipio.

El portavoz de la coalición de izquierdas, Eduardo Zorrilla, ha lamentado que "el equipo de gobierno no haya aprobado la implantación inmediata de un servicio municipal de canguraje ante la urgencia que supone para muchas familias malagueñas en la actual coyuntura sanitaria, social y económica".

No obstante, ha confiado en que "una vez que hemos logrado que se ponga el foco sobre esta necesidad social, cuando contemos con las conclusiones del grupo de trabajo aprobado, lograremos que Málaga cuente con medidas de conciliación que democraticen, repartan, garanticen y equilibren los cuidados en nuestra ciudad".

Así, ha incidido en "la imposibilidad de muchas familias para acceder a cuidados asequibles y de calidad, lo que repercute en su bienestar, especialmente en el de los menores, pero también genera una brecha de género inasumible en una sociedad democrática y afecta al desarrollo socioeconómico".

"Una problemática -ha continuado- que se ve agravada por la COVID-19 y sus medidas de prevención de contagios, como el cierre de centros educativo o la imposibilidad de recurrir a los abuelos canguros, lo que pone sobre la mesa las enormes dificultades que muchas familias tienen para conciliar".

También el portavoz de Adelante Málaga ha señalado en un comunicado que "otros ayuntamientos están ya innovando y poniendo en práctica recursos municipales de conciliación y cuidado de menores, mediante los que ofrecen una atención básica, lúdica y educativa en aquellos momentos en que los menores se quedan solos en casa en ausencia de su madre, padre o responsable, siempre y cuando no dispongan de otros recursos más adecuados".

Por su parte, la concejala portavoz adjunta, Paqui Macías, ha explicado que "el acceso a este recurso tiene que contemplarse con vocación futura de universalidad, pero ha de iniciarse orientada de forma prioritaria a familias monomarentales y monoparentales, mujeres en situación de violencia de género, unidades familiares con pocos recursos económicos, hogares con un número elevado de menores a cargo, familias sin red familiar, u otras circunstancias personales como enfermedades o emergencias familiares".

Ha asegurado que "es incuestionable que los beneficios sociales de garantizar cuidados infantiles asequibles y de calidad son cuantiosos, además de un derecho reconocido en la Convención de los Derechos del Menor de Naciones Unidas".

"Es indiscutible que suponen un factor esencial para cumplir con la meta del empleo de calidad para las mujeres y una forma concreta de suprimir las barreras a la participación femenina en el mercado laboral y en la vida social. Está claro que la situación de crisis sanitaria está demandando más implicación de las administraciones para garantizar la conciliación de las familias y ha evidenciado la crisis de cuidados que padecemos", ha concluido.