Los agentes de la Brigada Mòbil de los Mossos d’Esquadra (BRIMO) han llegado a la vivienda, en el barrio de Horta-Guinardó, cerca de las 10 de la mañana. Una vez allí han cargado contra las personas que intentaban impedir el desalojo del piso, propiedad de Oleguer Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat, y en el que vivían Hamid Kadri, su mujer y sus dos hijos pequeños.

El desahucio finalmente se ha hecho efectivo por orden del Juzgado Civil número 57 de Barcelona.

Kadri dejó de pagar las cuotas del alquiler al quedarse en paro hace dos años. Sin embargo, el Ayuntamiento, mediador en este caso desde mediados de 2019, ha intentado evitar el desahucio. Para ello, estuvo negociando incluir el piso en la bolsa de viviendas de alquiler, un acuerdo que parecía cerrado pero que no terminó de formalizarse. Con este, suman ya 123 desahucios en 4 días en Barcelona.

Se trata del cuarto intento de desalojo que tiene la familia. Los dos primeros se detuvieron gracias a las movilizaciones vecinales, y el tercero se suspendió por la moratoria del estado de la alarma. Ahora, la Xarxa d’Habitatge d’Horta-Guinardó acusa al propietario de no querer pactar un alquiler social con los inquilinos.

Oleguer Pujol, bajo el punto de mira

Varias entidades antidesahucios de Barcelona han comenzado una campaña contra él por querer desalojar a una familia en la calle Turó de la Trinitat.

Paralizado el desahucio de una familia vulnerable de l'Hospitalet en pleno rebrote de coronavirus

La campaña destaca que Oleguer comenzó a ser investigado por Hacienda en diciembre del 2013, cuando se detectaron algunas irregularidades en sus declaraciones de renta y patrimonio. En septiembre de 2014, declaró a Hacienda un patrimonio de 89,5 millones de euros en el extranjero, “la mayoría en paraísos fiscales y con dudosa o nula justificación”.

Solo un mes después, en octubre de 2014 fue detenido por presunto blanqueo de capitales mientras se realizaban registros en sus domicilios y oficinas. En 2017, la Audiencia Nacional le retiró el pasaporte y en 2019 volvió a ser acusado de sacar de España 3,9 millones de euros irregularmente.