A través de un escrito, el parlamentario reconoce que este año la comunidad educativa se ha visto afectada en su vuelta a las aulas; alumnos, familias y la propia administración se han visto sorprendidos por una serie de dificultades que se han dado en todas las comunidades autónomas, si bien-recuerda-únicamente Castilla y León ha sido la única en la que se ha decidido la prohibición en los centros educativos de dichas actividades.

Destaca que las actividades extraescolares representan un beneficio para los alumnos, para su capacidad intelectual y su desarrollo cognitivo y es necesario que tengan continuidad, de ahí que considera idóneo que se sigan impartiendo en los centros educativos como se ha hecho hasta ahora y así evitar que los escolares tengan que acudir a otros centros a realizarlas, con el consiguiente aumento del riesgo de contagio.

Dicha prohibición, a su juicio, provocará desventajas entre los estudiantes de Castilla y León y el resto de las comunidades autónomas."Nuestros alumnos verán mermada su formación y desarrollo competencial con respecto a otras comunidades que sí están impartiendo estas actividades en los centros", insiste García-Conde, quien recuerda a Lucas que el sector de las actividades extraescolares aglutina empresas y autónomos que desarrollan proyectos de ocio y tiempo libre, actividades extraescolares y/o complementarias encaminadas a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias.

La prohibición afecta a más de 250 las empresas con una facturación aproximada de cuatro millones de euros al año en la Comunidad y un volumen de empleo que supera las 9.500 personas.