El Gobierno incrementa el plazo máximo de internamiento de los inmigrantes irregulares

  • Podrán pasar hasta 60 días en un centro de internamiento.
  • Incorpora sanciones más duras para los empresarios que los contraten.
  • Amplía los derechos de reunión, sindicación y educación, entre otros.
Cola de inmigrantes para regularizar sus papeles.
Cola de inmigrantes para regularizar sus papeles.
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Cola de inmigrantes para regularizar sus papeles.

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes un anteproyecto para la reforma de la Ley de Extranjería que, entre otras medidas, aumenta el plazo de internamiento a 60 días y amplía derechos como la asistencia jurídica o la educación. Se trata de

un borrador que aún tiene un largo recorrido antes de llegar al
Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.

La reforma plante la ampliación en un tercio el periodo máximo de reclusión de los extranjeros irregulares en un centro de internamiento, que pasa de 40 a 60 días. Además, se podrá incrementar en otros diez días más, es decir, hasta 70 días, en caso de que las gestiones para la repatriación a su país d eorigen se retrasen.

La nueva norma también endurece las condiciones exigidas par la reagrupación familiar: se acepta para cónyuges (o parejas de hecho) e hijos menores de 18 años (los que tengan más de 16 tendrán directamente permiso de trabajo), pero para los padres exige que hayan cumplido los 65 años.

Más multas

Otra de las novedades es el incremento de la cuantía de las sanciones: las leves pasan de 300 a 500 euros, las grances de 6.000 a 10.000 y las muy graves, de 60.000 a 100.000.Pero los castigos también crecen para los empresarios que den trabajo a inmigrantes irregulares (que tendrán que pagar su repatriación) y para los que participen en

matrimonios de conveniencia.

Pero la nueva normativa también introduce algunas novedades en favor de los extranjeros: se reduce la prohibición de entrada de los expulsados de 10 a 5 años; se da acceso a las ONG a los centros de internamiento; el derecho a la educación se amplía de la ESO hasta los 18 años; y se reconocen los derechos de asociación, sindicación, huelga, reunión y manifestación (de acuerdo con la jurisprudencia).

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