"Los criterios aplicados -la población- no son justos", ha advertido el presidente de la Junta que ha asegurado que el modelo de financiación ordinario, "que ya de por sí es injusto", habría aportado 110 millones más a Castilla y León por lo que ha acusado al Gobierno de la nación de haber "castigado" a las comunidades con más envejecimiento y dispersión y a las que más han sufrido la pandemia.

Este es uno de los mensajes que ha traslado el presidente de la Junta en su comparecencia a petición propia este martes en las Cortes de Castilla y León donde ha explicado el contenido de las quince conferencias de presidentes celebradas desde que se declaró la pandemia del coronavirus en las que ha solicitado también "certidumbre" y "reparto justo" de los fondos europeos con los mismos criterios, impacto del COVID y retos demográficos.

A esto ha añadido la necesidad de que haya también certidumbre y un reparto justo del nuevo escenario de déficit y de deuda para poder planificar con una exigencia expresa de que sea igual para todos.

"Rechazamos tratos de privilegio y negociaciones bilaterales. Pedimos criterios iguales para todos, establecidos de forma multilateral", ha continuado el presidente de la Junta que ha asegurado que ha insistido "hasta la saciedad" en la necesidad de que se convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, "petición que no se ha atendido", ha lamentado.

Según ha explicado en las Cortes, a lo largo de estos encuentros también ha solicitado "varias veces" que las entidades locales pudieran hacer uso de sus superávits para los fines que se necesitan en la actualidad y ha lamentado la "respuesta insatisfactoria" del Gobierno.

En este sentido, ha abogado por una futura conferencia de presidentes más y mejor preparada que las precedentes para analizar, entre otras cosas, ese sistema de reparto del Fondo Estatal "a través de criterios justos y comunes" o el acceso de las comunidades a la financiación europea, "buscando que la misma sea un motor efectivo de desarrollo y sirva para objetivos estratégicos tan importantes como los desafíos demográficos".

Según ha explicado, también se plantearía la ampliación del techo de gasto y un nuevo escenario de déficit para que las comunidades consigan más recursos con que financiar "los tan necesarios servicios públicos destinados a las personas".

"Se puede debatir la mejor forma para que el superávit de los ayuntamientos, el ahorro de los municipios, se emplee en nuevas medidas que beneficien a sus vecinos", ha avanzado también a modo de ejemplo para comprometerse a abrir un "amplio consenso" con los grupos y con los agentes económicos y sociales para llevar una postura de Comunidad a esa eventual conferencias de presidentes.