Detenido el dueño de un restaurante de Formentera por tener a 5 trabajadores que debían estar en cuarentena

  • Al arrestado, que es juez de paz de la isla, se le imputa un presunto delito de lesiones y otro contra los derechos de los trabajadores.
Imagen del quiosco 'El Pirata' de Formentera, cuyo propietario ha sido arrestado.
Imagen del quiosco 'El Pirata' de Formentera, cuyo propietario ha sido arrestado.
Pirata Formentera/ Facebook
Imagen del quiosco 'El Pirata' de Formentera, cuyo propietario ha sido arrestado.

El propietario del restaurante de Formentera que mantenía en activo a cinco trabajadores que debían estar guardando cuarentena fue detenido el pasado domingo acusado de un presunto delito de lesiones y de otro contra los derechos de los trabajadores. Tras declarar ante el juez, quedó en libertad en calidad de investigado.

Según ha informado este jueves varios medios de comunicación de Baleares, se da la circunstancia que el hostelero, Joan Yern Mayans, es el juez de paz de la isla de Formentera

El pasado 14 de agosto, la Consejería de Administraciones Públicas y Modernización del 'Govern' balear informó de que el local, denominado 'El Pirata', iba a permanecer cerrado hasta que la propiedad efectuara la desinfección pertinente y garantizara que el personal era negativo en el virus.

A mediados de agosto, habían sido detectados dos casos positivos de Covid-19 entre el personal del establecimiento, por lo que se activó el aislamiento de los contactos estrechos.

En concreto, cinco de estas personas tenían que permanecer en cuarentena a la espera de resultados, pero fueron identificadas mientras trabajaban en el restaurante.

El pasado día 17, la Dirección General de Salud Pública y Participación solicitó colaboración a las personas que, entre los días 10 y 14 de agosto, habían estado en el quiosco de la playa de Ses Illetes de Formentera para que se hicieran una prueba PCR.

Desde el 'Govern' balear recordaron que el régimen sancionador para los incumplimientos de las normas relativas al Covid-19, en vigor desde el 10 de julio, puede incluir sanciones que pueden llegar a los 600.000 euros cuando se produzcan infracciones muy graves.

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