Archivan la causa penal por la casa de Antonio Banderas al haber prescrito el delito

  • La licencia de construcción se concedió en 1995, bajo el mandato de Gil.
  • Julián Muñoz y otros ex concejales estaban acusados de prevaricación.
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El actor malagueño Antonio Banderas, en el Festival de San Sebastián.
El actor malagueño Antonio Banderas, en el Festival de San Sebastián.
EFE

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, ha acordado archivar la causa por la concesión de la licencia urbanística de la casa propiedad del actor malagueño Antonio Banderas en esta ciudad, al considerar que los delitos denunciados están prescritos.

En este proceso estaban encausados el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y otros ex concejales del Consistorio marbellí, a los que el juez imputaba un delito de prevaricación.

Según el auto, la licencia para edificar el chalé se concedió en 1995 por el equipo de Gobierno presidido por el ex alcalde Jesús Gil y la denuncia fue interpuesta diez años después por la Fiscalía, que ha solicitado recientemente el archivo del procedimiento.

Decisión recurrible

En la resolución judicial, que es recurrible, Dívar recuerda que las diligencias se inician antes de la entrada en vigor del Código Penal de 1995, que atribuye un plazo de prescripción de cinco años en el caso de prevaricación.

Por ello, argumenta, aplicando esta normativa "evidentemente los delitos investigados estarían prescritos incluso a la fecha de presentación de la denuncia".

Antonio Banderas adquirió el chalé, denominado "La Gaviota", entre 1996 y 1997 a los herederos de la periodista Encarna Sánchez, propietaria entonces de la vivienda.

Otro proceso

En relación con el inmueble del actor existe también un proceso contencioso-administrativo en el que una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obliga a Banderas a derribar un ala del chalé por considerar nula la licencia de construcción.

El nuevo PGOU de Marbella, actualmente en trámite, prevé la legalización de la vivienda, al definir el suelo como unifamiliar y establecer como compensación para la regularización del inmueble la cesión de parte de una zona de servidumbre que ocupa el chalé.

La comunidad de propietarios de la urbanización "Los Monteros" ya ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía un supuesto delito de tráfico de influencias si finalmente se aprueba en estos términos el nuevo documento urbanístico.

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