Así lo ha indicado tras la reunión de coordinación que ha mantenido con la jefa provincial del citado organismo, Mariola Palacios, para analizar su actividad en entre enero y junio, un periodo que ha estado marcado por la pandemia y por la declaración del estado de alarma para frenar la propagación del virus covid-19.

"A pesar de estas circunstancias, la Inspección ha realizado más de 5.000 actuaciones de control en el primer semestre de 2020. Es un número inferior al de ejercicios anteriores, una disminución causada, lógicamente, por las medidas decretadas durante el confinamiento", ha comentado.

En ese tiempo, la Inspección de Trabajo ha conseguido aflorar 419 empleos sumergidos, lo que supone 71 más que en el mismo periodo del año anterior (348). Del mismo modo, se han transformado en indefinidos 609 contratos que hasta ahora eran temporales. Unas cifras que, según ha dicho, "dan una muestra de la importante labor que se está realizando en la lucha contra el fraude laboral en la provincia".

Al hilo, Madueño ha abundado en los buenos resultados obtenidos por este organismo, que derivan del intenso trabajo ejercido en materia de lucha contra el fraude laboral. En concreto, de las 5.088 actuaciones llevadas a cabo, 2.557 están relacionadas con Seguridad Social, 1.551 con la prevención de riesgos laborales, 869 son de relaciones laborales, 34 de empleo y extranjería y 77 de otras actuaciones.

En total, se han detectado en este primer semestre 269 infracciones a la legislación del orden social, con un importe de las sanciones propuestas de 757.147 euros. Además, la Inspección ha resuelto expedientes liquidatorios de cuotas debidas a la Seguridad Social por un importe de 2,08 millones de euros, en una cifra en la que se incluyen las actuaciones conexas a esos expedientes, es decir, la devolución de prestaciones, ayudas y subvenciones percibidas de forma irregular.

"Esta labor inspectora permite recuperar recursos económicos para el sistema e impedir que el fraude de unos pocos comprometa el esfuerzo de tantos", ha puesto de relieve la subdelegada del Gobierno. Igualmente, se realizaron en el primer semestre casi 700 requerimientos para que las empresas corrigieran algún tipo de* anomalía, la mayoría de ellas (505) en materia de seguridad y*salud.

DENUNCIAS

Buena parte de esta actividad inspectora viene motivada por las 304 denuncias presentadas y admitidas a trámite por este organismo, lo que supone un número prácticamente idéntico al del mismo periodo del año anterior. Al respecto, Madueño ha resaltado la buena coordinación y colaboración de la actuación rogada derivada de las denuncias de organizaciones sindicales y trabajadores y de las peticiones de órganos jurisdiccionales o entidades gestoras de la Seguridad Social.

Además, la jefa provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha explicado los resultados de la campaña especial sobre riesgo de exposición al coronavirus realizada en los centros de trabajo. Según ha precisado, ha originado la realización de 47 órdenes de servicio en los seis primeros meses del año sin que se haya producido ninguna propuesta de sanción.

La subdelegada, igualmente, ha alabado la labor realizada durante el estado de alarma por la Inspección de Trabajo en la tramitación de los 6.400 ERTE solicitados por empresas en la provincia de Jaén en el marco del Decreto del Gobierno de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la covid-19.

"Nuestra prioridad absoluta es proteger y dar soporte al tejido productivo y social y así poder minimizar al máximo el impacto de la pandemia. La Inspección ha colaborado enormemente en esta labor, con más de 400 intervenciones realizadas en estos seis meses", ha afirmado.