Los abusos contra presos en Abu Ghraib y Guantánamo fueron responsabilidad del ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld y otros altos funcionarios del Gobierno del presidente George W. Bush, según un informe del Senado de EE UU presentado este jueves.

Elaborado por el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, el estudio afirma que la autorización para abusar durante los interrogatorios de presos procedió de Rumsfeld y otros funcionarios y las torturas no se deben achacar a soldados o las personas encargadas de los interrogatorios.

"El abuso de detenidos bajo la custodia de EE UU no se puede atribuir simplemente a 'malas hierbas' que actuaban por su cuenta", según el informe, dado a conocer por los senadores Carl Levin, demócrata, y John McCain, el ex candidato republicano a la presidencia.

Redefinieron la ley

El documento asegura que "funcionarios de alto rango del Gobierno de EE UU solicitaron información sobre cómo usar técnicas agresivas, redefinieron la ley para crear una apariencia de legalidad y las utilizaron (esas técnicas) contra los detenidos".

En concreto, los legisladores se centran en técnicas como la privación del sueño, el sometimiento a temperaturas extremas, la colocación de los presos en posiciones dolorosas, el desnudo forzado o el uso de perros.

Según recuerda el texto, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había adoptado algunas de estas técnicas -empleadas originalmente por el régimen comunista chino durante la guerra de Corea para obtener confesiones falsas de los estadounidenses capturados- en sus cárceles secretas.

Los interrogadores de Guantánamo las adaptaron para su uso en la cárcel de esa base naval. Más tarde se extendieron también a los centros de prisioneros en Afganistán, incluida la prisión de Abu Ghraib.

Esas técnicas "se contradecían con el compromiso para un trato humano de los detenidos bajo custodia de EE UU" y eran inconsistentes con el objetivo de obtener información veraz, explica el documento.

Desde la Casa Blanca

Hasta ahora, la Casa Blanca había asegurado que el uso de estas técnicas había partido de oficiales intermedios en la cadena de mando, que se quejaban de que los métodos tradicionales no rendían resultados sobre detenidos adiestrados para resistir los interrogatorios.

Sin embargo, los legisladores, que tardaron 18 meses en redactar su informe, consideran que el origen del uso de estos métodos es un memorándum firmado por Bush el 7 de febrero de 2002 que declara que las Convenciones de Ginebra no protegen a los detenidos sospechosos de ser miembros de la red terrorista Al Qaeda o del movimiento talibán.

Pocos meses más tarde altos cargos del Gobierno, entre ellos la entonces consejera de Seguridad Nacional y actual secretaria de Estado, Condoleezza Rice, participaron en una reunión en la que se abordó el uso de técnicas coercitivas.

El documento critica también al entonces jefe del Estado Mayor de EE UU, el general Richard Myers, que optó por reducir una revisión legal y política de los métodos de interrogación utilizados.