En una nota de prensa la Asociación ha criticado que el consistorio gijonés haya "dilapidado" 300.000 euros en la contratación de este personal para controlar el aforo en los arenales del municipio. Estos profesionales, han asegurado desde Avispa, incumplen "reiteradamente" sus actividades laborales "en un claro perjuicio tanto para la imagen de la ciudad como en la prevención y aplicación de las medidas y normas sanitarias de obligado cumplimiento, incluidos ellos mismos".
"Los asistentes al arenal acceden y salen según les venga en gana incumpliendo los recorridos establecidos, pues nadie les informa al respecto", han denunciado.
Esa "desidia" en el desempeño de sus funciones, agregan los vigilantes privados, es fruto de la "descoordinación" y de "la improvisación y el experimento de un Equipo de Gobierno, el cual desoyó en su momento el proyecto para que dichas funciones fuesen ejercidas por Vigilantes de Seguridad Habilitados".
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