Más de 5.000 receptoras del SSB han dado su consentimiento para cobrar el IMV

Los ayuntamientos asturianos ya han recabado el consentimiento de más de 5.000 perceptores de la ayuda autonómica salario social básico (SSB), que otorga el Principado, para pasar a cobrar el ingreso mínimo vital (IMV), que es competencia estatal.
Melania Álvarez y Adrián Barbón, en una imagen de archivo.
Melania Álvarez y Adrián Barbón, en una imagen de archivo.
Armando Alvarez
Melania Álvarez y Adrián Barbón, en una imagen de archivo.

La consejería de Derechos Sociales del Gobierno asturiano ha informado mediante una nota de prensa que está actualmente inmersa en el proceso de trasvase de datos de las personas receptoras del SSB hacia el IMV. El Principado derivará estos datos al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Fue el 15 de junio cuando comenzó el proceso para reunir estos consentimientos expresos, con el fin de evitar a los beneficiarios todo el proceso administrativo.

Aquellas personas que no hayan dado su consentimiento antes del 17 de agosto, deberán realizar la tramitación a título particular a través de los canales habilitados por el INSS.

En Asturias hay registradas 22.327 familias que perciben el salario social básico y está previsto que la mayoría pasen a cobrar el ingreso mínimo vital. No obstante, la renta mínima autonómica continuará vigente para dar cobertura a todas aquellas personas que no cumplan los requisitos necesarios para optar a la ayuda estatal. El Principado garantiza que ninguna persona que esté cobrando el salario social dejará de percibir la prestación durante el proceso de trasvase al ingreso mínimo.

CONVENIO

Por otro lado, el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica este miércoles un convenio entre la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) que persigue impulsar la incorporación al mercado laboral.

Según el ejecutivo regional, el convenio incorpora la declaración de proyectos de interés sociolaboral en el ámbito público y privado y dota de una condición singular a todos los promovidos por entidades sin ánimo de lucro, otras administraciones o entidades públicas que busquen la empleabilidad de este colectivo.

También agiliza el método de intercambio de datos entre la consejería y el Sepepa, lo que permitirá identificar a todos los beneficiarios y a los miembros de la unidad familiar, para promover de forma individual medidas de inserción laboral adecuadas en cada caso.

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