En la moción, se pedía instar al Estado a promover las reformas legislativas necesarias para tipificar como delito grave las infracciones penales contra la propiedad privada e "incorporando como agravante la okupación de viviendas donde la pena a imponer lo sea en su mitad superior".

Además, se apostaba por incrementar la protección jurídica de los propietarios de bienes inmuebles catalogados como viviendas y reforma de la legislación procesal habilitando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para "desalojar a los ocupas inmediatamente denunciados, exista apariencia ilegítima de ocupación y no dieran a los agentes razón suficiente que legitime su conducta".

Por último, se pedía al Gobierno que incorpore las infracciones penales contra la propiedad privada y entre ellos, los delitos de usurpación de bienes inmuebles dentro del catálogo contemplado en el artículo 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la finalidad de que estas infracciones penales se incluyan en las conductas que puedan ser incorporadas al procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos.