El Govern pide al Estado una regulación específica para favorecer las instalaciones renovables en Baleares

El Instituto Balear de la Energía (IBE), dependiente de la Conselleria de Transición Energética, ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto Ley de subastas de energías renovables que está elaborando el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y, entre las principales demandas, reclama que se tenga en cuenta la insularidad y las especificidades de la comunidad en las futuras subastas, y que éstas se adapten a las características energéticas, territoriales y económicas de los proyectos que se pretenden desarrollar.
Energías renovables
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Así, se propone establecer un calendario de subastas específico para los territorios no peninsulares y que éstas se organicen por subsistema eléctrico y con una periodicidad no inferior a 12 meses, ha informado la Conselleria en un comunicado este viernes.

Según alegan, esta medida, además, permitiría un importante ahorro para el sistema eléctrico y reduciría el sobrecoste que debe asumir el Estado para la producción de energía eléctrica en las Islas.

Otra alegación que se propone al Ministerio es que se prioricen proyectos que tengan un valor añadido. Así, se reclama que cada subasta incluya una cuota mínima de su capacidad para proyectos que tengan un impacto social o ambiental positivo. Es el caso de las instalaciones de renovables en espacios urbanizados como grandes cubiertas, aparcamientos o aquellos que cuentan con una gran participación de vecinos. Además, se propone reservar un mínimo de la capacidad a subastar para los proyectos menores de 10MW, ya que se ajustan mejor a las características del territorio.

Finalmente, la Conselleria reclama al Estado limitar las capacidades máximas que se otorgan por promotor en cada subasta y limitar la participación de empresas o grupos empresariales que tengan más de un 40 por ciento de la potencia instalada de la tecnología renovable a subastar. Con esta medida se pretende evitar la creación de monopolios y facilitar la democratización de la energía y el acceso de nuevos actores en el mercado eléctrico.

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