CCOO avisa de una nueva tanda de despidos en la base de Morón con motivo de la extinción del actual contrato

La sección de CCOO en Vectrus, la sociedad adjudicataria del contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa para los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), ha alertado del despido de once trabajadores indefinidos más de la plantilla española del recinto castrense, con motivo de la finalización de dicho contrato y la licitación de uno nuevo.

Rubén Ballesteros, delegado de CCOO en Vectrus, ha explicado a Europa Press que a finales del próximo mes de agosto expirará el contrato gracias al cual Vectrus gestiona los servicios civiles de esta base aérea cuyo uso comparten Estados Unidos y España, licitando las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa un nuevo contrato.

En el nuevo contrato, según ha precisado, no figuran los servicios del hotel de la base y de la oficina postal, servicios que serán asumidos por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos con el consiguiente despido de once trabajadores indefinidos actualmente adscritos a tales servicios, extremo que según ha asegurado ha sido ya comunicado a los representantes de la plantilla civil de la base.

Rubén Ballesteros ha explicado que estos empleados serán relevados por "trabajadores estadounidenses contratados en origen", señalando las diversas tandas de despidos acometidos en la plantilla de los servicios civiles de la base de Morón desde 2014, fecha en la que fue consumado el último expediente de regulación de empleo (ERE) en la plantilla, en paralelo a la incorporación de personal estadounidense para afrontar las labores correspondientes a las personas despedidas.

Al respecto, CCOO ha criticado especialmente que Vectrus y las autoridades de la base no accedan a "paliar" estos despidos mediante soluciones como la búsqueda de empleados interesados en abandonar la plantilla, para "amortiguar el impacto" de la exclusión de los citados servicios en el nuevo contrato de gestión de las tareas civiles de la base de Morón.

EL CONFLICTO LABORAL DE LA BASE DE MORÓN

Vectrus, recordémoslo, relevó a finales de marzo de 2015 a Vinnell-Brown & Root Spain (VBR) como sociedad gestora de los servicios civiles de la base aérea de Morón para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, después de que dicha entidad hubiese acometido tres ERE desde 2010, desprendiéndose de un total de 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.

El incremento de la actividad militar en la base fue tal, que España y Estados Unidos firmaron una enmienda al convenio bilateral de cooperación que desde 1988 regula el uso de esta base, para que el contingente estadounidense radicado en Morón pasase de aproximadamente 850 infantes de marina y 17 aeronaves, a un despliegue máximo permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves.

LA SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL ESPAÑOL

El comité de empresa de la sociedad encargada de los servicios civiles de la base, encabezado por UGT en aquella etapa, avisaba ya de una estrategia predeterminada de sustituir paulatinamente a los trabajadores españoles por personal estadounidense o directamente por militares.

El último de estos ERE fue consumado en 2014 con el despido de 55 trabajadores, un despido colectivo declarado "ajustado a derecho" por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que a través de una sentencia emitida en octubre de 2015, avalada después por el Tribunal Supremo y recogida por Europa Press, desestimaba el recurso de los trabajadores afectados y no entraba siquiera a conocer las "pretensiones" deducidas por los recurrentes contra Estados Unidos y la Usafe, dada su "inmunidad de jurisdicción".

Y es que según el TSJA, en el convenio bilateral de defensa entre España y Estados Unidos "se hace valer expresamente por los Estados Unidos su inmunidad ante los tribunales españoles, respecto de su gobierno y fuerzas armadas, por los procesos promovidos por los empleados de las contratistas que efectúan sus trabajos en España para las Fuerzas de Estados Unidos". Así, el Alto tribunal andaluz circunscribía el conflicto a "la extinción de unos contratos de trabajo entre una contratista y sus trabajadores y en ningún caso entre Estados Unidos y éstos".

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