López-Rioboo remarcó que la demanda de la Abogacía del Estado responde a un "compromiso" del Gobierno central con la memoria histórica "para la recuperación de los bienes para uso público". Explicó que esta promesa comenzó "con sacar al dictador del Valle de los Caídos" y continúa ahora, dijo, "con este procedimiento judicial".
La subdelegada del Gobierno insistió en que el Ejecutivo considera que el Pazo de Meirás es "un bien público" y que la única escritura "válida" data del año 1938. "Por eso se intenta recuperar este bien para el uso público", afirmó.
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