Así se desprende del escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, que han remitido los 'populares' al Juzgado de Instrucción número 9 de València, que recientemente acordó procesar a Trenzano al considerar que existen indicios de falta de veracidad en un documento fechado en 2018 en el que aseguró que se habían fiscalizado las ayudas al fomento del valenciano concedidas en 2015 y 2016 a dos empresas vinculadas a Francis Puig.

El PPCV atribuye a Trenzano un delito de falsedad en documento público y, junto a la pena de prisión, le reclama una multa de 21.600 euros, así como inhabilitación especial durante seis años. Subsidiariamente, para el caso en que se entendiera que los hechos incurren en el delito de falsedad por imprudencia grave, los 'populares' reclaman una multa y la suspensión de empleo o cargo público durante un año.

Esta causa surgió a raíz de una denuncia de la portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz, en relación a la presunta falsedad en algunas de las manifestaciones contenidas en un documento emitido en abril de 2018 por la Dirección General dirigida por Trenzano sobre esas ayudas.

En el escrito se denunciaba que el director general había faltado a la verdad al afirmar que las empresas valencianas nombradas y beneficiarias de una subvención en 2015 y 2016 de ayudas al valenciano presentaron la justificación de gastos realizados en el plazo establecido en las respectivas convocatorias.

Además, aseguraba que la administración había realizado las actuaciones de control correspondientes sin que se hubiese detectado cualquier indicio que hiciera dudar de la veracidad de la documentación acompañada ni que justificara el inicio de un expediente de devolución de las subvenciones concedidas.

Sin embargo, el juzgado difiere de estas afirmaciones y, entre otros aspectos, tuvo en cuenta para el procesamiento de Trenzano las declaraciones de un funcionario jefe de sección que declaró que en las subvenciones de esos años no hubo plan de control.

"NO SE CORRESPONDE CON LA VERDAD"

Ahora, el PPCV insiste en su escrito de acusación en que, en el acuerdo de fecha 6 de abril de 2018, el acusado afirmó que la Generalitat había realizado las actuaciones de control exigidas por ley. Sin embargo, "resulta palmario que esto no se corresponde con la realidad, dado que fue con posterioridad, y a raíz de la actividad fiscalizadora emprendida por Ortiz, cuando el órgano competente aprobó el plan de control de las subvenciones para el fomento del valenciano a medios de comunicación social". Esto fue el 16 de julio.

Dos días después fue cuando el acusado hizo actuaciones de comprobación para que las sociedades Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions justificasen las subvenciones recibidas en 2015 y 2016.

"Trenzano era plenamente consciente que reconocer que se hubieran comprobado las subvenciones de 2017 y 2018 pero no así las de 2015 y 2016 era absolutamente injustificable, motivo por el cual decidió falsear el contenido de su resolución manifestando que se habrían realizado todas las actuaciones de control, cuando esto era radicalmente falso", apostillan en su escrito.

Y añade: "Lo acredita así la existencia de un Plan de Control de 2017, en el que el acusado trata de justificarse, pues dicho plan se aplicó únicamente a la subvención de 2017, no a la de los años 2015 y 2016, sobre la que versa el acto administrativo falso suscrito por Trenzano".

Con todo, a juicio del PP "no queda duda alguna" de que en la fecha del acto administrativo firmado por Trenzano era "falso" que se hubieran realizado las actuaciones de comprobación exigibles conforme a la Ley 1/2015 con respecto a las subvenciones.

"Ninguna duda" cabe de que concurren los elementos necesarios del tipo penal: Trenzano, "más allá de engañar" a Ortiz y de "ocultar la realidad en pro de sus intereses particulares y políticos", habría quebrado la seguridad jurídica en el proceder de la Administración, "que incluye la veracidad de los documentos administrativos", concluye el escrito.