En una respuesta ofrecida a los medios, señala que la Xunta "respeta siempre la resoluciones judiciales" y defiende que, en este caso, no deja de ser una "estimación parcial" de todo el recurso presentado por el todavía parlamentario, que ha visto "vulnerados sus derechos" constitucionales, según la propia sentencia del TSXG.

Así, la Administración autonómica reconoce que el diputado tenía "a su disposición la mayor parte de la documentación que estaba reclamando", pero no dos informes que había reclamado desde 2013. La investigación de las cajas se inició hace siete años en la Cámara autonómica, pero nunca llegó a cerrarse, ya que el informe que debía recoger las actuaciones de la investigación -las cuales podían ser objeto de envío a la Justicia- no se llegaron a presentar.

La Consellería de Facenda, entonces dirigida por Marta Fernández Currás, envió al Parlamento 34 cajas con la documentación solicitada por los diputados de la Cámara, las cuales se depositaron en la conocida como sala del Estatuto, que se convirtió en un local a puerta cerrada para la consulta de la documentación.

"Por lo tanto, la actuación de la Xunta no supuso en ningún momento un obstáculo para que el diputado pudiese ejercer sus funciones", ha asegurado este martes en un comunicado.

El Gobierno gallego "tampoco entiende que el retraso en la entrega de documentación supusiese como tal una vulneración de sus derechos fundamentales". "El retraso no es exagerado, sino que se encuadra en un margen razonable", considera la Xunta.

"Hay que tener en cuenta que la Administración autonómica recibe un elevado número de peticiones del Parlamento de Galicia y el plazo que fija el reglamento es muy exiguo", ha sentenciado.