La iniciativa ha sido presentada este martes en Santiago, Vigo y A Coruña, con el lema 'Nin Risga, nin ingreso mínimo vital, renda básica xa', y cuenta con el respaldo de entidades como el Foro Galego de Inmigración, Colectivos pola Renda Básica Universal, SOS Racismo Galicia, Coordinadora de Crentes Galegos o el Colexio de Educadoras Sociais de Galicia, entre otras.

Los firmantes de la campaña denuncian que el estado de alarma "dejó en evidencia la inacción" del Gobierno gallego y que, a pesar de ello, la desescalada "se acelera", la máquina de las elecciones se pone en marcha "como si nada hubiese pasado en estos meses". "Queda claro que no todas las vidas importan", censuran, para arremeter contra las políticas "minúsculas" emprendidas por el Ejecutivo autonómico ante la magnitud de la crisis sanitaria, económica y social que padece el territorio.

En concreto, se refieren a cuatro aspectos de "urgencia". El primero de ellos, la necesidad de una renta básica que atienda a todos esos colectivos empobrecidos y que quedan fuera de la "limosna" de la Risga y del "insuficiente" ingreso mínimo vital, como los migrantes en situación administrativa irregular, los menores de 23 años o las personas con menos de un año de residencia.

Las organizaciones recuerdan, además, que es precisamente el colectivo migrante el que sostuvo "actividades esenciales, como son los trabajos de cuidados y el de campo", a pesar del estado de alarma y que, sin embargo, "no son personas que puedan acceder a derechos", como el IMV. "La paradoja es cruel", insisten.

EL "NEGOCIO" DE LAS RESIDENCIAS

Por otro lado, estos meses pusieron de manifiesto la "desigualdad e injusticia" que atraviesa el derecho a vivienda y el volumen de personas 'sin techo' que "malviven" en Galicia, además de la falta de medidas para su atención. Una realidad a la que no se atiende, denuncian, a pesar de que la construcción de vivienda protegida está en mínimos históricos

Finalmente, urgen actuar respecto a la atención a mayores, después de que la COVID-19 dejase "al desnudo el negocio de las residencias" y la "ineficacia de la Ley de Dependencia". Tras hacer caja con las necesidades de los ancianos y de las familias, la "respuesta de la Xunta -critican- fue cerrar los centros de día hasta el 1 de septiembre", lo que dejará de nuevo "en manos de las familias, por tanto de las mujeres", la responsabilidad de los cuidados.