Según el informe elaborado por ACNUR sobre las tendencias en el desplazamiento de la población durante 2019 hay casi 80 millones de personas desplazadas forzosamente. De ellas, unos 26 millones son personas refugiadas.

Desde hace años, la Coordinadora de ONGD de la Región, junto con otras organizaciones, demanda que las Administraciones Públicas "abran los ojos ante esta realidad y aporten soluciones efectivas y eficaces para la protección de estas personas en situación de desplazamiento forzado. Una prueba de que esta demanda no ha tenido respuesta la encontramos en el citado informe en que el que se señala que entre 2018 y 2019 el número de personas desplazadas se ha incrementado en 8,7 millones de personas".

Desde la Coordinadora hacen mención especial a los derechos de la infancia, dado que se estima que un 40% de las personas refugiadas son niñas y niños menores de 18 años. La falta de acceso a escolarización, el retraso en el crecimiento, la exposición a la violencia y las agresiones y la malnutrición son algunas de las violaciones de los derechos humanos y de la infancia que sufren y a los que se debe dar respuesta.

Oxfam Intermón señala la masificación y la falta de recursos en los campos de personas refugiadas, cuya situación se ha visto todavía más perjudicada con los efectos de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

"El hacinamiento y la falta de alimentación, asistencia sanitaria, infraestructuras y refugios adecuados, entre otros aspectos, hacen que esta población se encuentre en situación de extrema vulnerabilidad y que sus derechos sean violados", apuntan.

Moisés Navarro, presidente de la Coordinadora murciana de ONGD señala que "la falta de vías legales y seguras abocó, un año más, a muchas personas a recurrir a traficantes de seres humanos y a tomar rutas cada vez más peligrosas y mortales".

"El Gobierno de España y todos y cada uno de los gobiernos autonómicos deben ser conscientes de esta necesidad y aportar los recursos que sean necesarios para garantizar la protección de las personas refugiadas e impedir la violación de sus derechos", añade.

En este sentido, Navarro también resalta que en España, "la pandemia COVID-19 ha provocado la paralización de los trámites para solicitar protección internacional, impidiendo a las personas poder hacer uso de este derecho, algo que no puede permitirse".

"Ahora debemos apoyar y reforzar las políticas públicas y atender las necesidades de todas las personas, especialmente, de aquellos colectivos que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad como es el caso de las personas refugiadas", asevera.

Por todo ello, exige el cumplimiento de las leyes internacionales de asilo y refugio, que se establezcan rutas legales y seguras para el desplazamiento de las personas, la implementación de la coherencia de políticas en este aspecto y se cumpla rigurosamente el tratado de comercio de armas, el establecimiento y dotación de recursos a los sistemas de acogida para la población refugiada y el respeto a los derechos humanos.

A nivel autonómico, instan al Gobierno Regional a incidir en las políticas de acogida y refugio y a cumplir los compromisos adquiridos en esta materia. "Nuestro gobierno autonómico debe exigir al ejecutivo estatal que se atiendan las responsabilidades asumidas", concluyen.