En 2019 la Justicia ingresó en Baleares un total de 159.765 asuntos, un 5,5% más. Asimismo, resolvió 148.882 casos. Todas las jurisdicciones vieron aumentados sus asuntos pendientes al final del año: donde más crecen es en la civil (casi un 20%), seguida de la social (11,4%), penal (9,5%) y la contencioso-administrativa (8,7%).
Los órganos de lo Social y lo contencioso son los que necesitarían más tiempo para eliminar todos los asuntos pendientes si no se registraran asuntos nuevos: no les bastaría con un año. La jurisdicción penal requeriría algo más de tres meses para dar salida a todos los asuntos pendientes y la civil, algo más de ocho meses.
Cabe recordar que el presidente del TSJIB anticipó que prevén un aumento de la carga de trabajo en los Juzgados de lo Social los próximos meses como consecuencia de la crisis del COVID-19, por procesos relacionados con despidos y expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
La Memoria del TSJIB considera necesario crear dos nuevas plazas en los órganos colegiados de Baleares, una en la Sala de lo Social del TSJIB y otra en una sección penal de la Audiencia Provincial de Palma.
En cuanto a los órganos unipersonales, reclama ocho nuevas plazas, tres en juzgados de Primera Instancia; dos en los juzgados Contencioso-administrativo; dos en los juzgados de lo Social de Palma y una en violencia de género.
La Memoria resalta que aunque Baleares presenta una tasa de jueces superior a la media estatal (12,3 jueces por cada 100.000 habitantes en las Islas), su tasa de litigiosidad de 134,16 litigios por cada 100.000 habitantes, la cuarta más alta de todo el Estado.
SITUACIÓN EN IBIZA
La Memoria repasa la especial situación en el partido judicial de Ibiza, donde a final de año se habían disparado un 72,7% los asuntos pendientes (5.091 en total) en Juzgados de Instrucción. En el de Violencia sobre la Mujer aumentaron un 59% en lo civil y un 37,1% en lo penal.
Este fenómeno se atribuye al incendio del edificio judicial de la calle Isidoro Macabich, que supuso una paralización durante todo el año. Fueron detenidas varias personas por su presunta implicación en el incendio.
El 24 de enero, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó suspender la actividad respecto a los Juzgados de Instrucción, Penales, Violencia sobre la Mujer y Decanato. Los órganos afectados tuvieron que desplazarse a dependencias provisionales facilitadas por el Consell y el Ayuntamiento de Ibiza, y en diciembre se ocupó un edificio nuevo.
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