Así lo ha indicado este viernes, en el encuentro virtual de ADEA Conecta, en el que ha participado junto al decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, el director de Deloitte Legal en Aragón y La Rioja, Daniel Chóliz, y el socio de CORP Abogados y Economistas, Alberto Sanjuan. Esta sesión ha estado organizada por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón y coordinada por su presidente, Salvador Arenere.

Bellido ha explicado que la declaración del estado de alarma "ha otorgado un gran poder de actuación al Ejecutivo, que ha adoptado medidas limitativas de los derechos de los ciudadanos".

Por eso, ha asegurado, "es más necesario que nunca contar con una administración de justicia moderna y eficiente al servicio de un Poder Judicial único e independiente que controle la legalidad de la actuación de la administración y de los poderes públicos y resuelva los conflictos jurídicos que se van a plantear en nuestra sociedad como consecuencia de la crisis económica, social y sanitaria de la COVID-19".

Bellido ha detallado las medidas necesarias para poder atender al "importante" incremento de trabajo que se prevé en la administración de justicia, como son "la mayor eficiencia en la utilización de los medios disponibles", especialmente los proporcionados por las nuevas tecnologías -teletrabajo y juicios telemáticos-.

Asimismo, ha estimado que hay que realizar un esfuerzo para incrementar la resolución de los órganos judiciales, con la necesaria implicación de las administraciones competentes -Ministerio de Justicia y Gobierno de Aragón- en la dotación de refuerzos y creación de nuevos órganos judiciales y realizar las reformas procesales -agilización de los procedimientos- y organizativas -reforma de la oficina judicial- "necesarias y largamente solicitadas".

CONFIANZA EN LA JUSTICIA

El decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, ha opinado que los ciudadanos "tienen gran confianza en la justicia, desde sus abogados hasta el siguiente nivel, sobre todo cuando han estado implicados en algún procedimiento judicial", a pesar de que en España el número de jueces es "un 50 por ciento menor que en las principales potencias europeas".

Morán ha asegurado que la crisis de la COVID-19, "como todas las crisis, deja entrever las fortalezas y debilidades tanto de la estructura social e institucional, como de la gestión de gobierno" y ha puntualizado que en estos meses "se ha evidenciado una parálisis casi total de la administración de justicia a diferencia de otros sectores tanto públicos, como privados. Lo anterior, unido a su crónica lentitud, genera un panorama desolador".

A esto hay que añadir otros problemas recientes, según el decano de los abogados de Zaragoza, por un lado, la "corrección o acierto" de las medidas legales promovidas por el Gobierno en esta crisis, y el eventual control de las mismas por parte de los Tribunales de Justicia y, por otro, "la interferencia del poder político en el judicial".

Morán ha asegurado que si hay que reformar la justicia desde el punto de vista de los aspectos legales, "que se haga de una vez, pero con cierta reflexión y en sede parlamentaria, no a golpe de normas que van parcheando las leyes establecidas".

INVERSIÓN

Parte de los invitados han coincidido en que la justicia española "funciona extraordinariamente bien", como ha afirmado el socio de CORP Abogados y Economistas, Alberto Sanjuan, quien ha insistido en que es necesario, para mejorar, "entender la justicia como una inversión y no un gasto, tiene que haber visión de Estado, de medio plazo".

Sanjuan ha esgrimido que al hablar del sistema judicial, "debemos pensar en él como una poderosa herramienta para el desarrollo de nuestra economía" ya que "una justicia de calidad y rápida es garantía de seguridad jurídica en el tráfico económico".

"Un sistema lento e inseguro perjudica la actividad empresarial, dado que los actores deberán garantizar sus operaciones y transacciones con otros instrumentos privados, encareciendo así el precio final de los productos", ha argumentado.

Asimismo, ha puntualizado Sanjuan, "repercute en la combatividad de nuestras empresas. En un mundo global, España debe tener un sistema judicial atractivo para los inversores. Invertir en justicia es invertir en nuestras empresas y ayudarles a competir en las mejores de condiciones", ha enfatizado.

SER "AMBICIOSOS"

El director de Deloitte Legal en Aragón y La Rioja, Daniel Chóliz, se ha mostrado, sin embargo, crítico y ha afirmado que hay que ser "ambiciosos", mirar a otros países y plantearse "qué queremos ser de mayores" y, a partir de ahí, "actuar en consecuencia". Ha insistido en la posibilidad de crear "una oficina administrativa, para descargar la carga de trabajo de la justicia, en algunos aspectos".

Chóliz ha considerado que la digitalización de la administración de justicia "es un reto cuya necesidad se ha visto reforzada a causa de la situación vivida por el estado de alarma".

Por eso, "es necesario el impulso de iniciativas que no sólo vayan encaminadas a impulsar la recuperación de la actividad judicial, sino que sean palancas que permitan su transformación".

Según ha dicho, "desde Deloitte proponemos un 'framework' propio para el ámbito de justicia que, una vez superada una primera fase de respuesta, reflexiona sobre un conjunto de iniciativas organizativas, normativas y también tecnológicas para un horizonte de recuperación y especialmente de reinvención que marquen la senda de la necesaria transformación digital de la administración de justicia".

Por su parte, el presidente de ADEA, Salvador Arenere, ha resaltado la "necesidad de una justicia independiente, útil y accesible para el ciudadano y la empresa y con capacidad de adaptarse" para lo que, ha asegurado, "es necesaria su modernización". Arenere también ha afirmado que "debe existir consenso político para la justicia".