Los hechos se remontan al 23 de mayo de 2018 -durante el gobierno de Marea Atlántica- cuando se estableció un dispositivo de vigilancia y control a cargo de agentes de la Policía Local, en el antiguo edificio de la Comandancia de Obras, sito en la avenida Metrosidero y de titularidad municipal.

El objetivo era, según recoge el auto, "asegurar el desalojo y recuperación de las instalaciones que habían sido ilícitamente ocupadas". El dispositivo consiguió recuperar las instalaciones de forma pacífica puesto que en ese momento, a primera hora de la mañana, no se hallaba nadie en el interior.

Sin embargo, sobre las 12,30 horas los agentes integrantes del dispositivo fueron requeridos por sus superiores para que salieran del recinto y se colocaran delante de la puerta al haberse congregado delante del inmueble "unas 60 personas en la vía pública", que habían acudido convocadas a través de las redes sociales y que portaban pancartas reclamando la recuperación de la instalación como 'centro social ocupado'.

Más tarde, aumentó la afluencia de personas y se produjo el corte de tráfico en la zona, según recoge el auto. Tres de los agentes tuvieron también que encaramarse al tejado para hacer que bajasen dos manifestantes que habían trepado por los muros.

En el marco de estas protestas, según concluye, "un grupo de entre diez y quince personas, actuando de manera concertada, vestidas con ropa oscura y encapuchadas, portando mazas, martillos y adoquines, ocasionaron importantes daños en la sede del partido político Marea Atlántica".

POSIBLES DELITOS

Los hechos, según las actuaciones practicadas, podrían ser constitutivos de delitos de desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños. La jueza ordena ahora que la causa se siga contra siete personas.

En concreto, por si los hechos que se le imputan a dos de los sospechosos fuesen constitutivos de delitos de desórdenes públicos, atentado y lesiones y a otros tres, de desórdenes públicos y atentado. Los dos investigados restantes, según el auto, presuntamente incurrieron en un delito de daños agravados por supuestamente causar destrozos en el local de Marea Atlántica.

La jueza acuerda, mientras, el sobreseimiento provisional y archivo respecto a la denuncia formulada por uno de los investigados al no detectar indicios de delito.

Contra el auto que pone fin a la instrucción cabe presentar recurso. La jueza ordena en él que se dé traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o, en su caso, el sobreseimiento de la causa. Excepcionalmente, también podrán pedir la práctica de diligencias complementarias.