Y es que estos espacios cumplen, por un lado, una "función social igualitaria", ya que permiten el acceso a este servicio a quien no tiene una situación económica personal que le permita tener una piscina privada y, además, suponen un "elemento de creación de empleo importante en el mundo rural y para personas jóvenes".
CCOO defiende que se han de respetar todas las medidas y protocolos que se marquen desde las autoridades sanitarias para poder abrir las piscinas públicas, pero más allá de estos requisitos, el coste económico que esto supone "no puede implicar la solución fácil del cierre total", y subraya que hay poner en la mesa otras consideraciones "más allá de la simple rentabilidad económica".
Además del componente social y de generación de puestos de trabajo, también hay que tener presente que las piscinas públicas son "una fuente de atracción turística y de activación económica" en el ámbito rural durante el verano.
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