El objetivo, según ha explicado el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, tener la herramienta necesaria para "evitar que las casas de la gente acaben siendo propiedad de fondos buitre", frenar la especulación y poder dar, asimismo, soluciones habitacionales a las personas que las necesitan.

"Marcará un antes y un después en las políticas públicas de vivienda", ha subrayado, y se da con este decreto "el paso definitivo para la ampliación del parque público de vivienda".

El conseller ha desgranado los cuatro pilares fundamentales de esta norma, cuya legalidad ha defendido sin "ninguna duda" ante las preguntas sobre si podría ser excesivamente intervencionista. También ha señalado que los agentes del mercado habitual están "encantados" con el decreto, que "va a proteger a las familias" e irá "contra la grandes ventas de edificios y paquetes a los fondos buitre".

El primer pilar es la ampliación por primera vez de los supuestos en los que se puede ejercer ese derecho de tanteo y retracto, que permite adquirir "viviendas que perdió la gente en su día por culpa de las deudas hipotecarias" o las que son objeto de grandes operaciones inmobiliarias. Hasta ahora, ese derecho solo podía ejercerlo respecto de las viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública.

El tanteo y retracto permite que ante la notificación de venta por parte de cualquier propietario de una vivienda protegida o incluida en las denominadas transmisiones singulares, la Generalitat o entidad local del municipio en la que esté ubicada pueda ejercer el derecho de compra de ese inmueble de forma preferente.

Además, el segundo eje pretende frenar las prácticas especulativas y crear una red de viviendas públicas con vocación de permanencia, por lo que se introduce por primera vez la calificación permanente de las viviendas adquiridas mediante estos derechos, lo que supone su incorporación al régimen de protección pública a todos los efectos y sin límite temporal.

"Se asegurará así el cumplimiento presente y futuro del derecho a la vivienda", ha señalado el conseller, que ha destacado que la Comunitat es pionera en este aspecto junto con País Vasco y Baleares, mientras que Navarra también prevé incorporarlo próximamente.

El tercer pilar aborda la participación de los municipios en las políticas de vivienda y para ello el decreto-ley prevé mecanismos para crear o ampliar el parque público municipal de viviendas de aquellas localidades que lo deseen mediante el ejercicio de los derechos de adquisición preferente a su favor o la cesión de los mismos.

En el primer caso la Generalitat ejercitará los derechos a favor de los municipios que no tengan la posibilidad de llevar a cabo la tramitación administrativa, mientras que en el segundo caso, los municipios que sí puedan ejercitarlos, podrán hacerlo mediante la firma de un convenio. Cuando los municipios no puedan adquirir los inmuebles, la Generalitat puede cederles temporalmente el uso de las viviendas para conseguir una gestión más eficiente del parque público.

Por último, se prevé la cesión del uso temporal de las viviendas a favor de entidades sin ánimo de lucro que realicen funciones de inserción de colectivos en situación de vulnerabilidad. Suscribirá convenios con los municipios, mancomunidades, entidades del sector público y entidades privadas sin ánimo de lucro con los derechos y obligaciones de cada una de las partes, así como las condiciones de utilización de las viviendas cedidas y su destino.

ÁREAS DE NECESIDAD DE VIVIENDA

Los derechos de adquisición preferente previstos en los casos de transmisiones singulares se limitarán a las viviendas ubicadas en las Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA) declaradas por la Generalitat.

Se trata de zonas en las que la conselleria no dispone de medios suficientes para satisfacer la necesidad de vivienda. Con ello, se garantiza que la intervención de la administración "es la mínima e imprescindible para hacer frente a la situación de emergencia" cuyos efectos se persigue paliar.

Para delimitar las áreas, se elaborará un catálogo de ANHA en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este decreto-ley.

El procedimiento para ejercer el tanteo es el siguiente: en el caso que la vivienda que se pretenda transmitir sea protegida o se encuadre en algunos de los supuestos de transmisiones singulares, la persona titular de la misma notificará a la administración su intención de transmitirla, así como el precio acordado, la forma de pago y los datos relativos a la persona adquirente.

La administración analizará en términos legales si puede ejercer ese derecho, situación de la persona adquirente, de la vivienda o si existe demanda de vivienda social en el municipio en el que se encuentra el inmueble, entre otros aspectos. En caso favorable, el precio de adquisición será el que se hubiere fijado para la transmisión, que en el caso de viviendas protegidas, no podrá superar en ningún caso el precio máximo legalmente establecido.

NIEGA QUE PUEDA GENERAR MIEDO EN INVERSORES

Preguntado sobre si esta norma podría generar miedo en los inversores y paralizar su inversión, Martínez Dalmau ha explicado que no es lo que le ha trasladado el sector, ya que los agentes del mercado habitual están "encantados".

"No tenemos ninguna duda sobre la legalidad, el tanteo y retracto está en la normativa, solo que no se aplicaba suficientemente, se trata de un ámbito legal en el que luchamos contra la especulación", ha subrayado.

"ES HISTÓRICO"

Respecto al número de viviendas que podrían incorporarse por esta nueva vía, ha señalado que se da un paso "decisivo" para ampliar el parque público y hará posible alcanzar los dos hitos marcados: ampliar un 30% las viviendas públicas durante estos cuatro años y duplicar el parque en 10 años.

"Es un decreto ley histórico", ha señalado, ya que también permitirá "destensionar el mercado del alquiler" y beneficiar a las personas que viven en este régimen en el mercado público y también privado.

Ha señalado que no se puede saber de antemano cuántas viviendas se comprarán porque también dependerá de los ayuntamientos y de las cantidades asignadas en los presupuestos para tal fin.