Así lo ha indicado la consellera de Modernización y Administraciones Públicas, Isabel Castro, durante una comparecencia parlamentaria ante la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, donde ha informado sobre la investigación que puso en marcha la Conselleria, llevada a cabo por un funcionario de la Comunidad, sobre este asunto.

Sin embargo, ha aclarado que la investigación "hace una serie de recomendaciones para la adopción de medidas correctoras por parte de la Administración encaminadas a mejorar el proceso de custodia, sin concluir el motivo de la rotura de la misma". Según ha señalado, el informe fue firmado el 26 de mayo, hace dos días.

El tribunal de las pruebas decidió aplazarlas el pasado 27 de noviembre tras comunicar a la Conselleria que "la cadena de custodia de una parte de la documentación que se estaba utilizando para este proceso selectivo podría haberse visto comprometida", en palabras de la consellera. Posteriormente se reinició el proceso, se cambiaron los bancos de preguntas y se encomendó una investigación al Servicio General de Calidad.

Castro ha remarcado que estos meses han estado trabajando en aplicar las recomendaciones contenidas en el informe, como la compra de cajas fuertes. Ha precisado que estas cajas están en una ubicación que no queda "al alcance de todos", sino "en un lugar de acceso restringido" en la EBAP.

Asimismo, cuando la documentación esté en formato electrónico o se tenga que enviar por correo electrónico, se deben encriptar los archivos con una contraseña que sólo conozcan las personas destinatarias.

La consellera ha insistido en que "en ningún caso se puede considerar" que la documentación potencialmente comprometida "fuese un examen, puesto que la prueba todavía no estaba ni confeccionada". Igualmente ha recalcado que "no es el Govern, ni ningún cargo, quien tramita cada proceso".

"¿LA CONCLUSIÓN DEL INFORME ES QUE NO SE HA AVERIGUADO NADA?"

El diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha criticado que con esta investigación la Conselleria no ha esclarecido "absolutamente nada de lo que pasó". "¿La conclusión del informe es que no se ha averiguado nada?", se ha preguntado.

Ante la insistencia de la oposición, Castro ha añadido que "lo que no se deduce" del informe es "si se ha producido una negligencia o un descuido", pero que "no contempla que una persona con nombres y apellidos" hubiera actuado con una "intención maliciosa", por lo que no pueden iniciar un expediente disciplinario contra nadie.

Por otro lado, el PP ha cuestionado que "aparezca el informe", encargado a finales de 2019, "48 horas antes de la comparecencia en la que la consellera tiene que dar cuenta del mismo".

En este sentido, la oposición ha censurado que el Govern no remitiese el informe a los grupos parlamentarios para poder celebrar la comparecencia. "No estamos en el siglo XVIII, existe el correo electrónico, las fotocopiadoras... Nos hubiera proporcionado el informe, hubiéramos hecho un receso, lo leemos y le preguntamos. No hubiéramos perdido el tiempo de forma tan miserable", ha protestado el diputado de Vox Sergio Rodríguez.

El representante de Vox ha continuado diciendo que el Govern "a veces tiene la transparencia de un muro de cemento armado" y ha lamentado que les pida "actos de fe" para creer "que no hubo ninguna injerencia" en la investigación. Rodríguez ha sostenido que "hubo una intención maliciosa de sustraer los exámenes y filtrarlos", y ha insistido en que quieren saber "quién los robó".

Por su parte, Cs ha advertido de los "perjuicios ocasionados a todos los opositores", ha lamentado que cuando compareció la nueva directora de la EBAP, Mercedes Riera, "no contestó absolutamente a nada", y ha cuestionado la actuación de la Conselleria respecto a la investigación. "Queríamos ver si ha arrojado luz, hoy nos ha dicho que no", ha censurado la portavoz adjunta, Patricia Guasp.

También se ha mostrado muy crítico el diputado de MÉS per Menorca Josep Castells, que ha considerado que no queda claro si se han asumido responsabilidades políticas por lo ocurrido, y que si las hay -con la marcha del antiguo director de la EBAP, Jaime Tovar, quien hacía tiempo que había pedido ser relevado- son "bajas y además tibias".

Paralelamente, los diputados de Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y el PSIB, Esperança Sans, Miquel Ensenyat y Pilar Carbonero, respectivamente, han defendido que el Govern ha dado explicaciones suficientes sobre este tema.

La representante socialista ha querido lanzar "un mensaje tranquilizador" puesto que "se detectó un fallo y se actuó en consecuencia". Similarmente, Ensenyat ha incidido en que "el mensaje claro que debe salir de aquí es que tenemos un sistema que es garantista". Sans ha subrayado que "lo que no se puede hacer es continuar 'sine die' con este tema".

SITUACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE OPOSICIONES

Por otra parte, la consellera ha informado de la situación de las oposiciones autonómicas con el impacto del estado de alarma, recordando que cuando se levanten las suspensiones "se retomarán los procesos y las actuaciones en el punto en que quedaron parados, y se anunciará con suficiente antelación mediante el Portal del Opositor y la página web de la EBAP".

Así, se empezará llevando a cabo los ejercicios de menor afluencia de aspirantes, y más adelante se harán los de mayor afluencia. Se fijarán unos plazos máximos para cada uno de los procesos. "Es una prioridad retomar todos los procesos lo más rápido posible con todas las medidas de seguridad e higiene una vez nos lo permita la situación. Somos conscientes de que hay muchos opositores que están preparándose y somos conscientes de las incertidumbres que este paréntesis pueda generarles", ha declarado Isabel Castro.

Actualmente se están desarrollando los ejercicios de los procesos selectivos derivados del acuerdo del Consell de Govern de 14 de diciembre de 2018.

Entre las pruebas aplazadas por el COVID-19 se encuentran el primer ejercicio del cuerpo auxiliar (previsto para el 21 de marzo), el del cuerpo de gestión (4 de abril) y el del cuerpo facultativo superior (30 de mayo); así como el segundo ejercicio del cuerpo administrativo (24 de abril). Se alcanzó un acuerdo con los sindicatos para reprogramar los diferentes procesos en marcha. Se prevé que puedan realizarse en distintos plazos, de tres a seis meses cuando se levanten las suspensiones.