Tal y como ha informado el Gobierno riojano, de los 10,3 millones aprobados hoy, algo más de nueve se destinarán a programas ordinarios y 1,2 para extraordinarios. Por otro lado, siete de los nueve millones serán para el SAD.

Así, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, destinará algo más de nueve millones de euros para financiar programas ordinarios de ayuntamientos y mancomunidades de La Rioja, un once por ciento más que en 2019.

Uno de los programas financiados es el Servicio de Ayuda a Domicilio cuya cuantía aumenta un trece por ciento este 2020 con respecto a 2019 hasta alcanzar los 7.205.726 euros.

También se costearán los programas de envejecimiento activo y prevención de la dependencia, cuyo importe asciende a 128.717euros, un 41 por ciento más que el año anterior.

De igual forma, dentro estos programas ordinarios hay una partida de 749.000 euros, un cuatro por ciento más que en 2019, para diversas ayudas económicas y 619.729 euros, un diez por ciento más que el ejercicio anterior, para programas de intervención familiar y prevención del menor.

Por último, 23.445 euros, un 15 por ciento más que en 2019, se destinarán a tallares de participación e inclusión social. La vigencia de todos estos contratos ordinarios finaliza en diciembre de 2021.

Para los convenios extraordinarios se ha habilitado una partida de 1,2 millones de euros para financiar programas que minimicen las consecuencias de la incidencia del COVID-19. Se trata de convenios limitados en el tiempo y tendrán vigencia desde el 14 de marzo hasta el 31 de octubre de este año.

En este caso, los programas que se pueden financiar a través de esta vía son de dos tipos. Por un lado, se destinarán 850.000 euros en ayudas económicas de emergencia social para hacer frente a las consecuencias del COVID y 440.851 euros para otras prestaciones complementarias que irán destinadas para personas dependientes o mayores en situación de vulnerabilidad. En ambos casos, el Gobierno de La Rioja financia el cien por cien del gasto de los ayuntamientos.