Los solicitantes de una vivienda protegida que rechacen el piso que les ha tocado, aunque sea por no disponer de una financiación, no podrán optar de nuevo a un sorteo de VPO en un plazo de tres años. El Gobierno de Aragón quiere así castigar a las personas que rechacen una VPO sin tener justificación, aunque también afectará a quienes no logren contratar una hipoteca.

Ésta es una de las medidas del nuevo decreto del Reglamento de Viviendas Protegidas, que se aprobó ayer el martes en las Cortes aragonesas y busca agilizar y simplificar el proceso de adjudicación, así como conseguir una mayor adecuación entre la demanda y la oferta de VPO.

Según estima el Gobierno aragonés, en torno al 30% de los que renuncian a una VPO en la comunidad lo hacen por no poder asumir el pago de la hipoteca. Esto supone que en muchos sorteos de pisos públicos cientos de personas renuncian a la vivienda que les ha tocado.

Uno de los objetivos del nuevo reglamento es evitar estas situaciones, que generan múltiples esperas. Sí podrán renunciar a su VPO sin temor a la sanción aquellas personas que reciban una vivienda distinta a la solicitada (por tamaño o ubicación).

Además, a los que se apunten al toc-toc se les exigirá tener un sueldo mínimo de 10.000 euros al año y llevar al menos dos años empadronado en un municipio de Aragón. Por otro lado, será necesario renovarse en el registro cada tres años. Las viviendas que sean rechazadas pasarán a los aspirantes que lleven más tiempo en el toc-toc.

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