En un comunicado, el grupo ecologista ha advertido de que se exigirán responsabilidades por un posible delito de prevaricación administrativa y de imprudencia temeraria a las autoridades que permitan la reapertura de las instalaciones de Iqoxe en el caso de que, a partir de la autorización, haya otro incidente con daños o vuelva a poner en peligro a personas y el medio ambiente.

Ha recordado que existe una investigación judicial abierta, expedientes informativos en trámite ante la Generalitat y se ha formado una comisión de estudio sobre la seguridad del sector en el Parlament sin que "se hayan podido determinar aún las causas" ni se haya identificado a sus responsables.