Según ha explicado la institución vizcaína, DAC 6 tiene como objetivo "proteger las bases imponibles frente a estructuras de planificación fiscal especialmente complejas, que aprovecha la movilidad de personas y capitales dentro del mercado europeo". Estas estructuras abarcan varias jurisdicciones, "trasladando los beneficios imponibles a regímenes fiscales más favorables".

Con la adaptación de DAC 6, "los intermediarios fiscales vizcaínos y en determinados supuestos el propio obligado tributario, estarán obligados a informar a la Hacienda Foral sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal, a actualizar la información sobre mecanismos transfronterizos comercializables que se hayan declarado con anterioridad, y a informar sobre la utilización de los mecanismos transfronterizos que hayan sido previamente declarados", ha precisado la Diputación.

Esta información, que será objeto de intercambio entre las autoridades tributarias europeas, permite "obtener información completa y reaccionar ante mecanismos fiscales potencialmente agresivos". Asimismo, los responsables forales han desatacado que "ejerce como un elemento preventivo, al disuadir de crear estructuras de ingeniería y planificación fiscal dirigidas a eludir el pago de tributos".

El proyecto establece que el incumplimiento de estas obligaciones será sancionado con 400.000 euros si el infractor es el propio obligado tributario y con una sanción equivalente a los honorarios cuando sea el intermediario.

Este proyecto será ahora remitido para su tramitación a las Juntas Generales de Bizkaia. Su aprobación permitirá que Bizkaia complete la adaptación de todas las directivas europeas de cooperación desde que estas se iniciaran, en 2011, con la aprobación de DAC 1.

Desde la Diputación han destacado que, gracias a la adaptación de estas directivas, "Bizkaia participa activamente en el intercambio europeo de información con relevancia tributaria, lo que ha supuesto importantes avances en la lucha contra el fraude fiscal".

El mismo Proyecto de Norma Foral también introduce modificaciones en la normativa del Impuesto sobre Sociedades, de Impuesto sobre la Renta de No Residentes y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. De este modo, se completa la adaptación de la normativa tributaria foral a las a directivas europeas contra las prácticas de elusión fiscal.