Así, se propone la supresión del límite de la previsión de estabilidad presupuestaria en la liquidación de 2020 para la aplicación del 20 por ciento del destino del superávit, que podría destinarse "a cualquier tipo de actuación", ya sea gasto corriente o inversión, y "prioritariamente a atender los gastos extraordinarios como consecuencia de la situación actual de la crisis sanitaria".

Esta lista de medidas ha sido aprobada por la Comisión de Gobierno de la FRMP, que se ha reunido este lunes de forma telemática, y en ella se insta a la flexibilización de la regla de gasto para todas las entidades locales con superávit.

Teniendo en cuenta que un buen número de Inversiones Financieramente Sostenibles financiadas con cargo al superávit de 2018 no podrán ejecutarse como consecuencia de la suspensión de los plazos administrativos, se solicita la prórroga de los mismos para poder ejecutar dichas obras en 2021 y garantizar, como mínimo, la financiación ordinaria de las entidades locales en base a los criterios de financiación local establecidos en la vigente prórroga presupuestaria.

En sexto lugar, la FRMP solicita una financiación "adecuada" de los servicios sociales prestados por las corporaciones locales y un "incremento importante" de la participación de los municipios en los ingresos de la Comunidad para cada ejercicio de la legislatura.

Por otro lado, se reclama la revisión de la normativa que determina el reintegro al Estado de las liquidaciones negativas de las entidades locales por la participación en los ingresos del Estado y la devolución de las cantidades adeudadas por la liquidación del IVA correspondiente a diciembre de 2017.

PLANES PROVINCIALES

La décima de estas medidas solicita la recuperación de las aportaciones por parte del Estado y de la Comunidad a los Planes Provinciales. Además se persigue que la Junta dote de recursos un plan de promoción, estrategia comercial e innovación, con participación directa de los municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones dirigido al pequeño comercio y las pymes.

Las entidades locales han instado a la adopción de fondos o planes de ayudas económicas y sociales que tengan como destinatarios a ayuntamientos y diputaciones para que puedan complementar las medidas de apoyo a las familias, autónomos, comerciantes y empresarios diseñadas por los gobiernos locales.

En base a una "actuación coordinada" de todas las administraciones, la FRMP ha apostado por un modelo de gobernanza que incluya "a todas las partes involucradas" y ha instado a establecer cuantías complementarias en las prestaciones de los expedientes de regulación temporal de empleo tramitados a consecuencia del COVID-19.

En decimoquinto lugar se sostiene que la red social de Castilla y León "debe proteger a los trabajadores desempleados por la crisis del COVID-19 que no perciben ningún tipo de prestación o subsidio por desempleo", tras lo que se propone la creación de un Fondo de Reactivación de la Economía y el empleo local que potencie, vertebre, cohesione y asegure el desarrollo económico y el empleo de los diferentes territorios.

El texto aprobado por la Comisión de Gobierno este lunes propone el desarrollo de los Planes de Industrialización, así como ayudas autonómicas para la contratación de trabajadores desempleados por motivo de la pandemia, y se reclama el apoyo económico a empresas de sectores estratégicos en Castilla y León, como el agroalimentario, con ayudas a agricultores y ganaderos que les permitan "paliar los daños ocasionados por la crisis".

Por otro lado, se aboga por crear líneas de ayuda para invertir en la digitalización de establecimientos comerciales, con especial incidencia en el pequeño comercio, como medio para fomentar el teletrabajo y su acceso al comercio electrónico.

Por último, se solicita la eliminación de la tasa de reposición para los Ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes; que las entidades locales puedan adquirir bienes y contratar los servicios y suministros necesarios para hacer frente a la crisis sanitaria; la exclusión, a efectos de cómputo en la regla de gasto y de estabilidad presupuestaria, de los gastos derivados del abono de los daños y perjuicios ocasionados a los contratistas por la suspensión y ampliación del plazo de ejecución de los contratos; que la nueva programación de Fondos e Iniciativas Europeas 2021-2027 se reorienten y adapten a la reconstrucción de las economías locales, y garantizar el aprovisionamiento de material preventivo y de protección para todo el personal de los servicios públicos que los necesiten, como la policía local, protección civil, o trabajadores sociales y atención domiciliaria.