Así lo ha señalado, a través de un comunicado remitido a Europa Press, el delegado después de mantener un encuentro con los responsables de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, COAG CYL, Aurelio Pérez, UCCL, Jesús Manuel Palacín, y UPA CYl, Aurelio González.

Ese apartado del texto del Real Decreto-ley que contempla medidas urgentes en materia de empleo agrario, publicado en el BOE del 7 de abril, señala que para aplicar correctamente las medidas que establece, las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas y otras administraciones públicas, establecerán "mecanismos de coordinación y participación" para hacer un seguimiento de la aplicación de las medidas en los territorios.

El articulado prevé, para que no se vea severamente afectada la producción de las explotaciones agrarias ante la disminución de mano de obra temporera disponible (trabajadores extranjeros que actualmente tienen restringidos los viajes desde sus países por las limitaciones de desplazamiento sanitarias), algunas medidas que permitirán garantizar la producción del primer eslabón de la cadena alimentaria.

Entre esas medidas se encuentra la posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo u otras de carácter social o laboral con el desempeño de tareas agrarias, de modo que se consiga suficiente mano de obra por parte de población cercana a los lugares de cultivo para atender las necesidades sin generar desplazamientos excesivos, añade la Delegación.

De esta posibilidad de compatibilidad también pueden beneficiarse los trabajadores con contratos temporalmente suspendidos como consecuencia del cierre temporal de su actividad.

Pero además, el texto permite que se acojan a este sistema los trabajadores migrantes cuyos permisos de trabajo concluyan en el periodo entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio, así como jóvenes nacionales de terceros países en situación regular de entre 18 y 21 años, continúa el comunicado.

Durante la reunión mantenida, Izquierdo ha señalado que es en el seno de esa comisión en el que debe revisarse que todas estas medidas amparadas legislativamente están poniéndose en marcha de manera "correcta y efectiva" en la Comunidad Autónoma, y resulten eficientes para paliar los problemas de personal que manifiestan las OPAS en torno al ganado ovino, por ejemplo, que debe ser esquilado en mayo o junio, tarea para la que no hay personal cualificado que, históricamente ha llegado en cuadrillas desde fuera de España.

Las organizaciones agrarias también temen en adelante dificultades para conseguir mano de obra para la recolección de la patata, hortícola, o de otras producciones, puesto que el 80 por ciento de esa mano de obra, hasta el momento, señalaron, era inmigrante, problemas que el delegado del Gobierno considera acotarán las medidas del Gobierno, si bien, dada la situación excepcional que se está viviendo en el país, ha aventurado que trasladará al Ministerio la preocupación, convencido de que éste "está arbitrando algún mecanismo para afrontar temas como el esquileo y las recolecciones, mediante la agilización del canal de contratación".

El delegado del Gobierno ha señalado que el sector agroganadero es, "ahora más que nunca", un sector estratégico para el país, puesto que es el que garantiza el abastecimiento alimentario, y se comprometió también a trasladar al Canal Horeca (Hostelería, Restauración y Catering) la necesidad de darle salida en el mercado nacional a través de esos canales de distribución a productos que están sufriendo de forma importante el cierre de la hostelería, como el cochinillo o el lechazo y la patata del país, entre otros géneros propios, concluye el comunicado.