A través de un comunicado conjunto manifiestan que ambos Colegios profesionales han tenido conocimiento de dicho documento el pasado miércoles día 8 de abril. Desde dicho momento hasta hoy, ambas Juntas de Gobierno han procedido a su análisis y estudio detallado, a fin de formar criterio sobre la postura que dicho documento les merece.

Así, entendiendo que el cauce adecuado para formalizar su oposición a dicho Documento de medidas es el correspondiente a la Abogacía Institucional, han remitido sendos escritos al Consejo General de la Abogacía Española que contienen los motivos que cada Colegio ha creído conveniente expresar para fundamentar su común postura de rechazo.

En este sentido destacan que tras el análisis y estudio del plan de choque elaborado por el CGPJ llegan a la conclusión de que dicho Plan ha de ser rechazado en términos globales, por afectar al derecho a la tutela judicial efectiva pudiendo constituir en algunos casos una evidente vulneración del derecho de defensa; a la par que entorpece y dificulta gravemente la actividad profesional de la Abogacía

Frases del propio documento como la de que en algunas medidas "habrá oposición de la Abogacía o la más impactante de que se pretende adoptar medidas que condicionen el ejercicio de pretensiones", denotan, a juicio de los abogados asturianos, lo improcedente de la filosofía que inspira dicho Plan y en particular de algunas de las medidas del mismo.

En este sentido, consideran desde el Principado que al CGPJ parece importarle más la reducción de su carga de trabajo, sin analizar si ello merma, y en qué grado, el derecho de defensa de los ciudadanos, al suprimir tramites o al condicionar el ejercicio de dicho derecho. "Sin duda debe prevalecer el derecho de defensa de los justiciables, que ha de ser el fin último y esencial de la administración de justicia", indica la abogacía asturiana.

Añaden que la limitación del derecho de defensa y con ello la injustificada afectación de la actividad profesional de la Abogacía se desvela en medidas tales como la amenaza de multar a los clientes con hasta 3.000 euros si se estima totalmente injustificada la postura procesal adoptada; o la que viene a limitar la extensión de los escritos alegatorios.

Otro de los argumentos mostrados de por los Colegios de Oviedo y Gijón destaca que en materia de costas, que también es objeto de una modificación que puede perjudicar a la Abogacía, la medida de limitación de su importe se justifica, no como un criterio objetivo de complejidad del asunto, sino como una mera fórmula para eliminar tramites (el de la tasación); y a tal punto llega la intención de eliminar tramites que la rebeldía del demandado pasa a configurarse como un pleno reconocimiento de hechos que ya no podrá ser rebatido a lo largo del proceso (por ejemplo, en un recurso de apelación)

Además, dicho Plan impone la declaración de habilidad del mes de agosto que supone la práctica imposibilidad de tener días de vacaciones los profesionales de la Abogacía, especialmente los compañeros de despachos con menor número de componentes.

"Y sin duda, echamos en falta un plan que resuelva el problema que va a generarse en la plataforma LEXNET. Debe establecerse un sistema que resuelva el seguro colapso que provocará la ingente cantidad de escritos que se presentarán cuando se alce la suspensión, permitiendo que la presentación se realice incluso antes del alzamiento de la suspensión o durante varios días posteriores pero teniéndose por realizada en el día en que se habiliten los plazos judiciales", indican los abogados asturianos.

Concluye la abogacía asturiana reiterando su rechazo a "tan profunda reforma legislativa y procesal, por la evidente vulneración de derechos y garantías procesales del justiciable y de la abogacía".