José Antonio Roca declara en la Audiencia Nacional por malversación de fondos

  • El Fiscal pide 10 años de prisión para los acusados.
  • Se trata del proceso por el caso 'Saqueo I'.
  • Supuestamente desviaron 36 millones de euros del consistorio marbellí.
El ex asesor de Urbanismo, en la última jornada del juicio por una pieza separada de 'Malaya'.
El ex asesor de Urbanismo, en la última jornada del juicio por una pieza separada de 'Malaya'.
EFE
El ex asesor de Urbanismo, en la última jornada del juicio por una pieza separada de 'Malaya'.
Las declaraciones de los seis acusados en el caso 'Saqueo I' comienzan este jueves en la sede que la Audiencia Nacional tiene en la madrileña Casa de Campo. En dos días prestarán declaración el presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga),
Juan Antonio Roca, así como Eduardo Gonzálvez, Purificación Notario, Francisco Javier Herrera, José Luis Sierra y Manuel Jorge Castel.

El juicio por 'Saqueo I', también conocido como el de las 'facturas falsas', arrancó el pasado 10 de octubre.

Está previsto que tras las dos jornadas de declaraciones de esta semana, el juicio continúe los días 7, 13, 14, 17 y 18 de noviembre con las declaraciones testificales -el día 13 acudirá a declarar en calidad de testigo el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz -; el 19 tendrán lugar las periciales, documentales y la formulación de conclusiones definitivas y, por último, los días 20 y 21 de noviembre, se procederá a los informes y al derecho a la última palabra de los acusados.

Piden 10 años de cárcel

En su escrito de acusación el Ministerio Fiscal pide ocho años de cárcel por malversación de fondos y otros dos por falsedad documental para Juan Antonio Roca, Eduardo Gonzálvez, José Luis Sierra y Manuel Jorge Castel mientras que para Purificación Notario y Francisco Javier Herrera pide ocho años por malversación.

Los seis están imputados por su supuesta participación en el desvío de 36 millones de euros del consistorio marbellí a empresas privadas entre 1991 y 1995. Se trata de una causa judicial que tiene su origen en una querella presentada por el Ministerio Fiscal en febrero de 2001 y en la que también fue imputado el entonces alcalde de Marbella, el ya fallecido Jesús Gil.

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