El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contabiliza en el auto en el que se manifiesta competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo a un total de 12.979 personas que desaparecieron entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 en Castilla y León.

Tras Andalucía (32.289) el mayor número de víctimas se contabiliza en Castilla y León, con 12.979; Extremadura, con 10.266; Aragón, con 10.178; País Vasco, con 9.459, de las cuales 8.650 han sido aportadas por el Gobierno de esta comunidad; Castilla-La Mancha, con 7.067; Galicia, con 4.396; y la Comunidad Valenciana, con 4.345.

El auto, de 68 folios, el juez Garzón sostiene que el sistema de desaparición forzada fue utilizado sistemáticamente en aras a imposibilitar o dificultar la identificación de las víctimas y así impedir cualquier actuación de la Justicia hasta la fecha.

Además, Garzón admite a trámite en dicho auto las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante estos años y autoriza exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda España, de las que 11 se encuentran en Castilla y León.

Ubicación de las fosas en Castilla y León: Adrada de Haza (Burgos), Valdenoceda (Burgos), San Juan del Monte (Burgos), La Robla (León), Ponferrada (León), Balboa (León), Dehesas (León), Camponaraya (León), Magaz de Abajo (León), Tejedo del Sil (León) y Carucedo (León).

En cuanto al número de desaparecidos por provincias, la lista de Castilla y León la encabeza Burgos, con 4.800 víctimas contabilizadas, seguida de Valladolid (2.555); León (1.250); Zamora (1.237) y Palencia (1.180). Cierran esta macabra lista Ávila y Salamanca, ambas con 650 desaparecidos; Segovia, 370 y Soria, 287.

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