Ésta ha sido una de las medidas abordadas este martes en la reunión del Centro de Coordinación Regional de Emergencias dirigida por la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, junto a la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal.

Cabe reseñar que el Centro de Coordinación Regional de Emergencias se reúne para establecer los criterios de aplicación del estado de alarma en el ámbito autonómico de Protección Civil y coordinar la disposición de medios y las diversas medidas para la contención del COVID-19, como corresponde al nivel tres de emergencia sanitaria nacional.

Asimismo, en dicho encuentro se acordado con la Consejería de Sanidad dar prioridad en la realización del pruebas de diagnóstico entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y colectivos como el de funcionarios de prisiones, que se encuentran prestando servicios esenciales para la ciudadanía.

También se ha establecido dar prioridad a las solicitudes de participación de las fuerzas armadas en las labores de desinfección de lugares y dependencias donde se prestan servicios esenciales, así como se han analizado las pautas para la atención a personas desfavorecidas, en riesgo pobreza y exclusión a los que colectivos diversos asisten con el reparto de kits de higiene y alimentación.

Por otro lado, en esta reunión se ha puesto en valor y se ha mostrado el agradecimiento del Arzobispado de Mérida-Badajoz por su iniciativa de poner a disposición de las autoridades todos sus centros y residencias en el caso de ser necesarias.

VIOLENCIA DE GÉNERO

En otro orden de asuntos, también se ha informado sobre el informe y guía publicada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, donde se destacan los recursos operativos para proteger a las víctimas durante el estado de alarma en todas las comunidades.

En este sentido, la guía contempla medidas de actuación para mujeres víctimas de violencia de género que estén en peligro durante este tiempo entre las que destaca el funcionamiento con normalidad del teléfono 016 y el mail 016-online@mscbs.es para comunicarse con este centro de ayuda, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Además, se han establecido nuevas medidas como la puesta en marcha de un servicio de apoyo emocional inmediato vía WhatsApp en los números 682916136/682508507.

Asimismo, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha recordado que se puede salir a la vía pública en caso de peligro, aunque esté decretado el estado de alarma, sin ser sancionados por las prohibiciones impuestas por el Real Decreto.

Además, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha explicado que todas las casas de acogidas de la región siguen funcionando, al igual que el servicio prestado por ATENPRO.

También se ha puesto de manifiesto que siguen funcionando los juzgados de familia y los juzgados en cuanto a la realización de vistas rápidas en 24 horas tras detenciones de violencia de género.

Por último, se ha recordado a las víctimas madres que si algún o alguna menor se encuentra fuera del domicilio del progenitor custodio, una de las excepciones de desplazamiento justificadas en el decreto de estado de alarma es el retorno al lugar de residencia habitual. Se considera como tal una sola vez, y con la prevención de evitar viajes que no sean imprescindibles.

Dicho retorno debería realizarse con normalidad a la finalización de la visita que se estuviera realizando en esos momentos. En principio, no existe ningún obstáculo legal para que el niño o la niña vuelva a su domicilio en la forma que esté determinada por acuerdo entre los progenitores o por resolución judicial.

El Centro de Coordinación Regional de Emergencias está formado además de por la delegada del Gobierno y la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, por el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, los presidentes de la diputaciones de Badajoz y Cáceres, la FEMPEX, el jefe superior de Policía de Extremadura, el general jefe de la Guardia Civil, el delegado de Defensa en Extremadura, representantes de las Fuerzas Armadas, la UME y Cruz Roja.