En la nota se explica que el lehendakari "está dispuesto a utilizar todos los medios de la administración autonómica, violentando su verdadera naturaleza y fines, para tratar de imponer su plan contra las legítimas decisiones que puedan tomar las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional".

"Ha hecho público que existe un proyecto definido y concertado para, al margen de cualquier procedimiento constitucional o estatutario, llegar a escenario de desacato generalizado al Estado, subversión del ordenamiento vigente y declaración de la soberanía de una parte del territorio nacional por la vía de los hechos, a través de un referéndum ilegal".

El delito de conspiración para la rebelión conlleva unas penas de entre tres años y nueve meses, hasta veinticinco años de prisión e inhabilitación absoluta.

Tras recordar que, además, Ibarretxe ha promovido una propuesta inconstitucional para la que ha solicitado abiertamente el apoyo de los parlamentarios de Batasuna, en el comunicado se destaca que "no nos encontramos ante un acto políticamente legítimo, sino ante un desafío frontal al Estado de Derecho y, por tanto, desde el Estado de Derecho y la firmeza debe ser contestado por todos los medios posibles".